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La senadora Marcela Guerra (PRI) presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el fin de crear un programa de protección de ministros, magistrados y jueces que desahoguen casos de alto impacto como delincuencia organizada, secuestro, así como delitos graves.
Entre las medidas de protección se incluye el uso de chalecos antibalas, autos blindados, teléfonos satelitales, uso de escoltas especializados, protección de inmuebles o la reubicación temporal, entre otras medidas para garantizar la seguridad y la integridad de los impartidores de justicia.
Recordó el caso del juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado el pasado 17 de octubre cuando hacía ejercicio cerca de su domicilio.
Como parte del programa de protección se plantea la aplicación de medidas preventivas, de protección y de urgencia.
En el caso de medidas preventivas se incluyen instructivos, manuales, cursos de autoprotección; en las medidas de protección se considera entrega de celular, radio o telefonía satelital, así como la instalación de cámaras, cerraduras y luces.
Las medidas de urgencia contienen evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, la protección de inmuebles, así como las demás que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los solicitantes.
La protección del programa abarcará también a el o la cónyuge, concubina, ascendientes, descendientes o dependientes de los jueces.
