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Javier Duarte de Ochoa atentó de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por ello la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de este organismo político decidió expulsarlo.
Así quedó constancia en la cédula de notificación que redactó la comisión y en la cual justificó la decisión tomada el pasado 25 de octubre.
En el documento de 128 páginas y del cual EL UNIVERSAL tiene copia, se relata que en el PRI no se tomó la decisión de expulsar a Duarte a causa de las denuncias que el todavía gobernador con licencia tiene, sino por ir en contra de la ideología priísta.
Para la decisión, la comisión tomó como pruebas notas periodísticas e información de dependencias federales, así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que confirmaron las acusaciones en contra de Duarte de Ochoa.
“Queda claro que el comportamiento de Javier Duarte de Ochoa ha trascendido socialmente con una valoración negativa de las conductas que ha desplegado el denunciado en su función pública”, se señaló en el expediente.
La cédula establece que si Javier Duarte en algún momento buscara re afiliarse al PRI, no podrá hacerlo “por ningún motivo”.
En el informe quedó constancia de que fue el 30 de septiembre pasado cuando la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor emplazó al ex mandatario veracruzano para responder a las acusaciones que se le imputaron dentro del partido.
El emplazamiento se le hizo a través del consejero jurídico del gobierno del estado de Veracruz, Alberto Tomasini Martínez, toda vez que en ese momento Javier Duarte de Ochoa aún ostentaba el cargo de gobernador en la entidad.
La Comisión de Justicia Partidaria documentó las pruebas del descrédito por parte de Duarte de Ochoa hacia el Revolucionario Institucional, a través de notas periodísticas publicadas a partir de las acusaciones en contra del hoy gobernador con licencia y prófugo.
“Como gobernador del estado de Veracruz, con constantes y frecuentes señalamientos de corrupción hacia él y sus colaboradores, nos permite apreciar que las decisiones tomadas por el denunciado carecen de la solidez ética mínima necesaria para ser aceptada dentro del ámbito privado y por consecuencia, en el ámbito público”, sentenció esta instancia del partido.
Aseveró además que Javier Duarte, en su calidad de servidor público, no protegió ni incentivó los derechos de los gobernados, y estando al servicio de las personas, no ajustó su conducta a los elementos de juridicidad, eficiencia, probidad y racionalidad.
“Se acredita suficientemente que Javier Duarte de Ochoa no se ha ajustado al contenido de moralidad mínima necesaria para obtener una aprobación social, por el contrario, ha dejado un espacio permanente para la crítica y la sospecha que llevan de manera inobjetable a la pérdida de confianza social y a la denigración de las instituciones”, aseveró el tricolor.
La expulsión del gobernador con licencia se fundamentó en la falta de probidad como un buen gobernante y por dañar la imagen del partido.
