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Preocupación por los efectos negativos para la libertad de expresión causa el proyecto de resolución que analizan hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las modificaciones a la Ley del Derecho de Réplica.
El pleno de la Corte votará hoy un proyecto de resolución a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRD, Morena y la CNDH contra la Ley del Derecho de Réplica, que ha generado críticas y manifestaciones de preocupación por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), políticos, legisladores, académicos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, así como grupos de medios nacionales e internacionales.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone eliminar los conceptos de información falsa o inexacta de los requisitos establecidos en la ley para ejercer el derecho de réplica. Con esto, cualquier persona que se sienta agraviada por información publicada en medios de comunicación, sin importar que sea verídica, podrá pedir que se le dé derecho de réplica y, de no concederlo, podrá acudir ante un tribunal civil a requerir a un juez que obligue a los medios a otorgárselo.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que la aprobación del proyecto podría atraer una mayor debilidad al ejercicio de la libertad de expresión en México y que supondría una regresión clara en los estándares en materia de libertad de expresión y de prensa. Lamentó que en la elaboración el máximo tribunal no hubiese consultado a juristas expertos, medios de comunicación, académicos u otros sectores interesados.
Matt Sanders, presidente de la SIP, que agrupa a más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental, expresó su preocupación sobre el tema, debido a que una acción de esta naturaleza “complicaría aún más el deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor de impacto social”.
La titular de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Perla Gómez Gallardo, llamó a los medios de comunicación a no permitir que los ministros aprueben el proyecto de resolución porque, dijo, avala un criterio erróneo sobre la Ley del Derecho de Réplica para que los periodistas sean sujetos a juicio, y esto es acoso judicial.
Advirtió que dará aviso al relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie al respecto, al considerar que la propuesta es anticonvencional.
Ixchel Cisneros Soltero, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), indicó que eliminar dichos conceptos podría significar un atentado a la libre expresión. “En un país como el nuestro se podría utilizar para frenar la libertad de expresión, o por lo menos acortarla y exigir que las personas o medios de comunicación tengan que enfrentar procesos legales por considerar que la información afecta a algunas personas o, sobre todo, a algunos tomadores de decisiones”, advirtió.
Patricio Flores Sandoval, dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio (Sitatyr) afirmó que de aprobarse el proyecto, sería una exageración, y que no alcanzarían los espacios en medios impresos o electrónicos para difundir las réplicas.
Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que este derecho es un mecanismo importante y una prerrogativa que sirve para aclarar, en el caso de que exista información incorrecta, por lo que al eliminar esta cualidad, como establece el proyecto elaborado por el ministro Pérez Dayán, se confundiría en la legislación cuál es la función de ese derecho. “Si la Corte toma este tipo de decisiones, lo único que haría sería dañar la libertad de expresión”, indicó.
El periodista Joaquín López-Dóriga señaló, en su columna En Privado, que con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y Morena, estos partidos buscan “blindarse” contra información verídica, y confió en que el pleno de la Corte “esté del lado de los ciudadanos y la libertad de expresión, y no de esa forma de represión”.
La activista social Isabel Miranda de Wallace dijo que la ley debe contemplar excepciones para demandar cuando se publique con dolo información falsa, pero que estas reglas deben estar bien especificadas.
Javier Sicilia, activista y escritor, llamó a no judicializar el derecho de réplica y a evitar resoluciones como la que será discutida hoy, que lleven a la prensa a practicar la autocensura para eludir demandas.
“El derecho de réplica se debe dar no en los aparatos de justicia, se tiene que dar en una polémica abierta y demostrativa de investigación dentro de los espacios periodísticos, lo otro es una trampa para amordazar a la prensa y a los reporteros”, comentó.
El proyecto establece que los casos sobre el derecho de réplica de información publicada durante el periodo de comicios serán competencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y Morena en contra de la Ley del Derecho de Réplica, los partidos quieren su propio fuero y que no sean los tribunales federales los que procesen esos temas.
Indicó que con esa medida los partidos políticos buscan llevar a medios impresos y electrónicos a los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que instaura el INE y el TEPJF, donde los partidos siempre llevan ventaja al tratarse de sus propias cortes y sistema de litigio ad-hoc.
David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explicó que los funcionarios y los candidatos están sometidos a un escrutinio más estricto por ostentar o pretender cargos públicos, al igual que empresarios, artistas o deportistas relacionados con el ejercicio de recursos públicos y que el proyecto implica el riesgo de que los medios se conviertan en canales de comunicación política en las campañas.
“Sería muy riesgoso e inhibiría el ejercicio crítico el hecho de que cualquier información pueda ser sujeto de réplica. Convertirías el periódico en una especie de debate, en donde el medio saca una nota y la réplica abajo. Genera la discusión, pero desgasta al medio y lo inhibe para sacar ese tipo de notas, se inhibe el escrutinio”, indicó.
A nivel internacional, medios como el periódico Nuevo Día, de Perú; El Nacional, de Caracas, y La Nación, de Argentina retomaron la información publicada por EL UNIVERSAL sobre el proyecto de sentencia a votarse hoy, y lo calificaron de un “acecho” a la libertad de prensa.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD fue firmada por el entonces presidente nacional del partido, Agustín Basave, quien aseguró que con ello no se pretende un ataque o restricción a la libertad de expresión, sino hacer eficaz el derecho de réplica, por lo que ve bien el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán.
El vicecoordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que la propuesta no se contrapone con la libertad de expresión y destacó que actualmente no hay derecho de réplica para quienes se ven agraviados por publicaciones tendenciosas y carentes de objetividad.
En entrevista, el ministro ponente afirmó que con su proyecto no busca coartar ni judicializar la libertad de expresión, sino encontrar un equilibrio entre ésta y el derecho de réplica.
Adelantó que hoy presentará a sus compañeros en el pleno un panorama completo de posibilidades para invitarles a analizar a fondo el tema y, en todo caso, establecer una “interpretación a modo” de la ley, que significa que en lugar de que sea aplicada de manera literal, se establezca que la inexactitud también puede referirse a información verdadera, pero descontextualizada o incompleta.
Para que el fallo sea aprobado, tal y como está, requiere de ocho votos, pero para que se establezca la interpretación que busca el ministro Pérez Dayán requiere de seis votos.
