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Mientras diputados, senadores y hasta la Asamblea Constituyente dejan en lista de espera la aprobación o no del uso de la marihuana medicinal, en el Poder Judicial avanzan tres demandas de amparo colectivo que involucran a un destacado grupo de profesionistas, quienes pretenden ganar la autorización que permite el uso y consumo de cannabis recreativa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les negó de manera individual en julio pasado.
El objetivo de estas demandas es repetir el resultado que la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) obtuvo hace un año, cuando ganó en la Corte un amparo con cuatro permisos individuales para el uso lúdico de esta planta. Y ahora este segundo grupo de demandantes retomó esa vía jurídica, como un camino paralelo a la estrategia que se sigue en el Poder Legislativo. Si en su momento la Corte discute de nuevo otorgar o no estos amparos y resuelve de manera favorable a los peticionarios, habría entonces elementos para sentar jurisprudencia sobre el uso y consumo de la marihuana con fines recreativos.
El tema no es menor ante el contexto internacional, ya que el 8 de noviembre los estadounidenses no sólo elegirán un nuevo presidente. Ese día California votará, junto a otros cuatro estados, si permite o no el cultivo, posesión, transporte y consumo de la marihuana de uso recreativo para mayores de 21 años.
¿Quiénes son?
Una chef con prestigio internacional, tres científicos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, una doctora en Historia, una politóloga con maestría en Harvard; dos consejeros (abogado y agente aduanal, respectivamente) de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), un consultor en política de drogas y una activista son los representados del abogado Andrés Aguinaco, quien contó esta historia.
“Cuando vimos a la Corte abierta a debatir el tema bajo argumentos de derechos humanos y emitir, justo hace un año, una sentencia novedosa, recibimos centenares de solicitudes para tramitar otros amparos. Elegimos un grupo de 10 mexicanos plurales, de reconocida trayectoria, quienes creen en el proyecto de un México pacífico porque nos interesa generar una jurisprudencia que repercuta en el cambio de política de drogas”, explicó.
EL UNIVERSAL reunió a seis de estos profesionistas, quienes hablaron de sus razones para subirse a este barco que, el próximo año, podría hacer historia. Los otros cuatro (la chef Josefina Santacruz, los fisiólogos Francisco Fernández de Miguel y Luis Alonso Lemus, y Alexandra Racotta Solacolo), no pudieron asistir a la cita.
“Defiendo mi libertad como adulto que piensa”, afirmó la doctora con especialidad en Fisiología e investigadora emérita de la UNAM, Herminia Pasantes. Tiene 81 años y nunca ha pensado en consumir marihuana, aunque su profesión le permitió conocer toda la literatura científica relacionada con el tema. “No acepto que el Estado me diga ‘no puedes consumir esto porque te hace daño’. Lo que sí debe hacer es informarme con todo detalle por qué esa sustancia perjudicaría mi salud y qué riesgos corro si elijo consumirla”.
Como experta en su área, Pasantes explicó que la euforia que produce esta planta es sólo una reacción del cerebro a ciertos neurotransmisores que, al desaparecer, permiten que el cerebro regrese a su estado normal. “Claro, si una persona pasa las 24 horas consumiendo marihuana u otra droga, sí puede tener alteraciones de consciencia o memoria, pero la realidad es que no toda la gente está en esa situación. Hay estudios que indican que sólo 9% de la población cae en un problema de adicción”.
Como abogado y consejero de MUCD, la perspectiva de Javier Mancera (57 años) es de tipo legal. Él está en contra de que los jóvenes consumidores lleguen a la cárcel, criminalizados por la forma en que usan sus libertades individuales. “La policía no debiera estar revisando morrales de chavos cerca de las escuelas, porque está distraída en atender un crimen que no debe ser crimen, sino una decisión de adultos”.
Su esposa es Cecilia Autrique (52 años), doctora en Historia, quien documentó los actos prohibicionistas del alcohol en Estados Unidos. Siguió la misma línea sobre las drogas en México y halló que esta prohibición en varios tipos de droga inició a finales del siglo XIX, aunque la primera legislación llegó después de la Revolución, con el gobierno de Plutarco Elías Calles.
“El episodio más importante ocurrió en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se legalizaron las drogas por casi seis meses para tratarlas como un problema de salud. Hubo incluso dispensarios. Después se regresó a la política prohibitiva que, a la fecha, ha sido un fracaso”.
Con franqueza, Zara Snapp (33 años), asume que es consumidora de cannabis porque fue su elección como adulta. “Sé bien que es una droga 14% más segura que el alcohol y la decisión no afecta en absoluto mi vida productiva”, señaló la politóloga con maestría en Harvard.
“El gobierno gasta más recursos en prohibir, que en políticas contra delitos mayores como la extorsión, homicidio y secuestro. Prefiere incentivar el mercado negro de la marihuana, violar los derechos humanos de los usuarios y saturar las cárceles de consumidores, en lugar de regular de manera comprensiva la parte medicinal, de consumo personal y el uso industrial del cáñamo”.
Fernando Ramos tiene 52 años y es agente aduanal y consejero del MUCD. Los tres amparos colectivos que representa el grupo, enfatizó, no pretenden promover el consumo de marihuana, sino su correcta regulación. “Tenemos diputados y senadores que atienden sólo las políticas que les interesan, no la realidad del país.
Para Aram Barra (30 años), consultor en temas de drogas y libertades individuales, la marihuana no es un monstruo de ocho cabezas; por eso, admite, la consume ocasionalmente sin que eso afecte su vida profesional. “Los legisladores no tienen voluntad política para sacar el tema y sentamos un precedente en la Corte, creemos que una eventual regulación será la manera de quitar flujos de capital al crimen organizado para así reducir la violencia”.
Hoy es difícil saber si la Cofepris sabía lo que vendría, cuando hace tres meses respondió a ocho de estos solicitantes que no tenía facultades para otorgar permisos de consumo lúdico de marihuana. A los otros dos peticionarios no les contestó. Lo que es un hecho es que esta repuesta permitió que las tres demandas de amparo interpuestas se encuentren hoy en manos de los jueces de distrito en materia administrativa Tercero, Octavo y Decimosexto, respectivamente. Serán ellos quienes determinen si fueron violados o no los derechos humanos de los entrevistados.
Como buen estratega, el abogado Aguinaco tiene trazada su ruta: “Si nos niegan el amparo presentaremos un recurso de revisión, mismo que tendría que atender la Corte en cualquiera de sus dos salas. Y ahí estaremos abriendo el camino para generar jurisprudencia”. Si logran obtenerla, el primer efecto inmediato es que todos los jueces del país estarán obligados a reconocer este derecho en aquellos interesados que soliciten permiso para consumir cannabis de tipo lúdico. Pero la administración pública federal no está obligada a acatar esta medida.
