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El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que no busca coartar ni judicializar la libertad de expresión con su proyecto de resolución sobre la Ley del Derecho de Réplica, sino encontrar un equilibrio entre ambas garantías constitucionales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que la Constitución federal estableció el derecho de réplica pero no lo detalló y que la ley, impugnada por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sí necesita ser revisada.
La discusión del caso estaba previsto para ayer, sin embargo, los integrantes del Máximo Tribunal decidieron cerrar la sesión luego de desechar una de las dos contradicciones de tesis que tenían programadas y de resolver la segunda, sobre la competencia de las Salas para resolver inconstitucionalidades de la Ley de Amparo.
Luego, los ministros entraron a sesión privada, por lo que el ministro Pérez Dayán podrá exponer sus argumentos hasta el próximo lunes 7 de noviembre.
Más tarde, al preguntar al ministro Alberto Pérez Dayán si el sentido del fallo es que cualquiera que se sienta agraviado por información difundida en medios pueda demandar judicialmente el derecho de réplica a sus autores, indicó que en realidad busca llevar el panorama completo de posibilidades al pleno para invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que analicen a fondo el tema.
“Lo deseable, considero, es establecer una ‘interpretación a modo’ de la ley; es decir, que en lugar de aplicar la ley literalmente como se está leyendo sobre información falsa o inexacta, se establezca que esta inexactitud estriba en que puede ser información verdadera pero descontextualizada o incompleta.
“Lo que busco no es judicializar la libertad de expresión, busco que se genere un equilibrio entre ambos derechos, que no por proteger la libertad de expresión de unos estemos callando la libertad de expresión de otros, puesto que el derecho de réplica es una forma más de libertad de expresión”, indicó el ministro .
Pérez Dayán expondrá sus argumentos ante los integrantes del pleno el próximo lunes, durante la sesión ordinaria e incluso adelantó que les invitará a analizar el concepto de “inexactitud”.
Explicó que conforme a la ley, las acciones de inconstitucionalidad no permiten a la SCJN agregar conceptos en la ley, sino invalidar o establecer la forma en que deben ser interpretadas; debido a que esa es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.
Afirmó que el próximo lunes buscará construir la forma en que deberá interpretarse el ejercicio del derecho de réplica, para evitar “peticiones o litigios absurdos y excesivos”.
Defendió la necesidad de establecer la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando se trate de información publicada en tiempos electorales, como indicó en su proyecto.
En sus acciones de inconstitucionalidad, los presidentes nacionales del PRD, Agustín Basave (quien fue relevado en el cargo por Alejandra Barrales) y Morena, Andrés Manuel López Obrador, argumentaron que el requisito de que se trate de información inexacta o falsa para ejercer el derecho de réplica es inconstitucional.
El artículo tres de la ley vigente establece que “toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio”.
El proyecto propone la eliminación de “información inexacta o falsa” y para que el fallo se apruebe requiere de una mayoría de ocho votos a favor.
Hasta ahora, el ministro Pérez Dayán confía en que obtenga seis votos a favor para establecer el criterio bajo el cual deberá ser interpretada la ley para proteger tanto la libertad de expresión como la moral, los derechos de terceros y el orden público.
Voces en contra. A partir de la publicación del proyecto del ministro, hecha por EL UNIVERSAL, académicos, activistas, periodistas y colectivos se han pronunciado sobre las consecuencias negativas que implicaría la invalidez de los requisitos de información falsa o inexacta para la libertad de expresión. Tal es el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que alertó que la modificación implicaría ir hacia un modelo que en América Latina ha dado lugar a innumerables abusos y que en México supondría una regresión al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
La organización, que agrupa más de mil 300 medios de comunicación del hemisferio occidental, consideró que el proyecto podría atraer una mayor debilidad al ejercicio periodístico.
Senadores del PRI, PAN y PRD lanzaron un llamado para que la SCJN emita un fallo equilibrado que respete de manera irrestricta la libertad de expresión en México.
