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A casi dos meses de que llegue a la Casa Blanca Donald Trump, el gobierno de México disparó una alerta y lanzó una estrategia que busca evitar que los mexicanos que viven en Estados Unidos sean víctimas de violaciones a sus derechos y blanco de abusos y fraudes.
“No es un estado de emergencia, es un estado de alerta”, dice la canciller Claudia Ruiz Massieu, quien habla de las 11 “medidas de protección y cercanía” dadas a conocer por el gobierno mexicano de cara a los posicionamientos que Donald Trump ha hecho, como el de la intención de deportar a unos 3 millones de indocumentados.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria de Relaciones Exteriores llama a los mexicanos que viven en Estados Unidos a la calma. Les pide que eviten confrontaciones y les hace un llamado a no sumarse a expresiones violentas. Asegura que aunque en los últimos días los medios de comunicación han registrado hechos racistas y de intolerancia, la red consular de México en Estados Unidos le ha informado que “no ha encontrado que haya un sentimiento generalizado de violencia fomentada por el discurso racista o de odio”. Sin embargo, dice, “eso no quiere decir que no estemos atentos”.
Añade que las medidas tienen el fin de informar a los mexicanos y enviar el mensaje de que el gobierno está cerca para ayudarlos, puesto que aún ninguna nueva política migratoria ha entrado en vigor y no se sabe con exactitud qué tipo de acciones decidirá tomar el nuevo presidente de EU en esta materia cuando tome posesión del cargo.
¿Qué va a hacer México con Donald Trump, secretaria?
—Justo el día de hoy dimos a conocer una serie de medidas por parte de la Cancillería para atender las preocupaciones inmediatas que tiene nuestra comunidad en Estados Unidos, que tienen que ver con algunas de las propuestas que en su momento en la campaña hiciera el candidato Trump y con lo que hoy dicen algunos miembros del equipo de transición y algunos documentos que han estado elaborando.
Lo primero que hay que decir es que hasta este momento son especulaciones. No sabemos realmente qué medidas específicas vayan a tomarse a partir del 20 de enero, por eso decidimos sacar este conjunto de medidas para atender primero las preocupaciones que tiene la comunidad de si estas deportaciones van a ser inmediatas o no, que les podamos llevar información, servicios, estar cerca y que durante estos dos meses en que inicia el nuevo gobierno podamos tener un conocimiento más fino de las comunidades en específico, cuáles son sus urgencias, preocupaciones y qué servicios puede brindar el gobierno de México.
¿De qué tamaño es la amenaza para los mexicanos?
—El presidente electo ha dicho que él piensa deportar a entre 2 y 3 millones de personas indocumentadas. En EU hay unos 12 millones de personas sin papeles y 5.7 millones son mexicanas. Es ese universo en el que nos vamos a centrar de manera prioritaria con estas acciones, para llevarles información, para que tengan calma y no especulemos y conforme vaya saliendo información veraz podamos atender preocupaciones específicas, para que no se dejen engañar, porque en otros momentos hemos visto cómo miembros de nuestra comunidad caían presas de personas que les pedían dinero para resolverles su tema migratorio.
Hoy lo que queremos es que la comunidad esté informada para que sepa cuáles son sus derechos aun estando indocumentados; por ejemplo, el derecho a una llamada al consulado si son detenidos y que el personal consular se acerque y les dé asistencia legal.
Hoy no hay medidas nuevas que se estén instrumentando por parte del gobierno, siguen las mismas medidas de la administración Obama, pero por lo que conocemos hasta ahora, lo que ha planteado el presidente electo es que habrá una política de deportaciones centrada en personas con antecedentes penales, que representen una amenaza para la seguridad nacional en EU o que tengan algún vínculo con redes del narcotráfico o con pandillas, es decir, el universo está acotado.
¿Sabemos cuántos mexicanos hay con antecedentes penales?
—Justamente por eso hemos pedido a los cónsules, no sólo que refuercen su tarea cotidiana de estar en contacto con las comunidades y los liderazgos, sino que estamos a partir de hoy canalizando más recursos para que podamos sacar los servicios de los consulados a donde está la comunidad, es decir, mediante dos esquemas que trabajamos normalmente: consulados móviles y sobre ruedas, reforzar los servicios que damos, no sólo salir más días, ir a más comunidades, sino llevar servicios distintos a los que llevamos normalmente, puntualmente, por ejemplo, consultoría legal, ¿por qué?, porque cuando eventualmente un paisano que está indocumentado es detenido, hay muchas características, condiciones personales que pueden hacer en un momento dado que un juez valore si debe ser deportado o puede permanecer en EU.
También no hay que perder de vista que deportar un número significativo de personas requiere un despliegue de capacidades materiales, humanas y financieras considerable, de una colaboración entre autoridades federales de migración y locales, que son las que están en contacto con la comunidad.
Es previsible que un esquema de deportaciones masivas no pueda ser instrumentado tan rápido, por eso queremos que nuestra comunidad, en estos dos meses que quedan antes de que inicie el nuevo gobierno, se informe, pueda asesorarse con especialistas, cuál podría ser eventualmente su elegibilidad para quedarse en EU, que tenga conocimiento de los números de asistencia que brindamos a través de nuestra red consular.
También que tengan identificación. Estamos reforzando nuestra campaña de documentación para que nuestros paisanos tengan una matrícula consular, acta de nacimiento, pasaporte, alguna identificación que pueda de manera muy rápida permitirles a ellos, en su relación con las autoridades, contactar al gobierno de México.
Una cosa muy importante que estamos fortaleciendo es que a partir de la semana entrante vamos a establecer una línea telefónica especial, un 01-800 aquí en México y un número similar en EU, para que los paisanos puedan hablar y aclarar sus dudas migratorias, reportar casos de agresión a los que se hayan visto expuestos o pedir informes sobre documentaciones o citas para documentación.
No queremos esperar a que vengan a los consulados, porque sabemos que es difícil, que hay incertidumbre y miedo en algunos lugares y más bien lo que queremos es ir hacia más de 500 comunidades fuera de las sedes consulares para poder estar cerca, informar, brindar servicios y estar preparando a nuestra comunidad para lo que eventualmente pueda venir y que, repito, no sabemos qué va a ser.
Parece que está usted hablando de precauciones como cuando viene un fenómeno sísmico. ¿Llegó el terremoto Trump?
—Hay que prepararnos, alistar a la comunidad; lo primero que hay que decirle es que esté tranquila. Hoy no han cambiado las circunstancias en las que están viviendo, que lo que estamos anticipando es un ajuste en la política migratoria a partir del 21 de enero, y que para ese momento es importante que todos nuestros paisanos tengan claridad de su situación.
Cada historia es distinta, cada paisano es distinto. Los jueces migratorios pueden tomar en cuenta cuántos años llevas viviendo en EU, si tienes o no antecedentes penales, si tienes hijos nacidos en Estados Unidos o un pariente ciudadano estadounidense que tenga alguna necesidad especial y requiere de tu ayuda, es decir, hay condiciones particulares que puede tomar en cuenta un juez migratorio o un funcionario de migración que tiene discrecionalidad procesal para decidir en un momento dado si esa persona a su cargo e indocumentada debe ser deportada o puede ser dejada en libertad.
Estamos especulando, pero vamos a prepararnos en razón de lo que ellos mismos han venido diciendo, que no sabemos si serán políticas efectivas. Muchas de ellas requieren del concurso del Congreso; en el caso de recursos, para pensar en esquemas de deportaciones masivas, como el que se está planteando en un corto tiempo, otras requieren de una cooperación con autoridades locales y aquí cabe recordar que buena parte de nuestra comunidad vive en estados que tienen políticas muy favorables para la integración de los migrantes, aun los indocumentados, como California. Otros viven en ciudades santuario; hay en EU alrededor de 25 o 30 ciudades santuario y más de 400 condados santuario, es decir, que no sólo tienen políticas que permiten a los migrantes indocumentados acceder a los servicios de salud o tener una licencia de manejo, sino que sus propias policías tienen políticas de que cuando entran en contacto con una persona que es indocumentada no preguntan su calidad migratoria; segundo, no instrumentan políticas de perfilamiento racial, y tercero, aun cuando sepan que esas personas no tienen documentos migratorios que les permitan una legal estancia no dan aviso a las autoridades federales.
Esto es muy importante porque, dependiendo de dónde esté la comunidad, las leyes o disposiciones específicas de ese lugar podrán hacer a estas personas más o menos vulnerables ante una eventual política migratoria.
¿En qué estados corren más peligro los mexicanos?
—En estados donde tradicionalmente hay políticas más antiinmigrantes. Arizona sin duda sería uno; algunos otros son Georgia, Alabama, y por eso es tan importante reforzar los consulados móviles. Por eso decimos que la información es lo más importante, estos 11 puntos.
Hay que insistir y promover entre la comunidad que primero no caigan en provocaciones, en situaciones de violencia con otros grupos para no seguir fomentado un clima de intolerancia y de violencia y también para que no estén en posibilidad de ser detenidos, porque la mayor parte de nuestra comunidad cae en la jurisdicción de las policías por manejar bajo la influencia del alcohol, por incidentes de violencia doméstica. Entonces, se debe insistir y promover la campaña de no ponerse en situaciones que les puedan implicar una sanción administrativa o un antecedente penal.
Por todo lo que se ha dicho sabemos que va a ser uno de estos supuestos donde no se va a tomar en consideración ninguna otra característica: si tienes un antecedente penal vas a ser de los primeros candidatos a ser deportados.
Hasta el 21 de enero conoceremos las políticas nuevas; sin embargo, en estos días hay hechos que parecen demostrar que se destaparon el racismo y la intolerancia. ¿Qué tanto le preocupa que ese tipo de actos puedan ir creciendo?
—Este tipo de actitudes nos preocupan siempre... Hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación de algunos incidentes en este sentido y los cónsules con los que hemos estado en comunicación nos han reportado que hay incidentes aislados, pero que no han encontrado que haya en ninguna de las jurisdicciones un sentimiento generalizado de violencia fomentada por el discurso racista o de odio. Eso no quiere decir que no estemos atentos.
¿El gobierno mexicano no ve que nuestros connacionales en Estados Unidos, los indocumentados, estén en un estado de emergencia?
—No, estado de emergencia no, de alerta sí, y yo creo que eso es lo importante para poder estar en modo preventivo, para poder actuar y tener activados mecanismos de respuesta, de protección y, sobre todo, de información. Creo que es importante hacer un llamado a la calma, a no sumarse a expresiones violentas, sino más bien tener claridad sobre cuál es su supuesto migratorio, qué beneficios eventualmente pudieran obtener, cuidar de no caer en los supuestos de tener antecedentes penales y también sobre este tema, aun cuando haya gente que está sujeta a un proceso penal, hay recursos que agotar antes de ser deportados.
Los personajes que se han mencionado para ocupar las principales carteras y algunas de las que tienen que ver directamente con la relación bilateral no son personas que se caractericen por su visión de apertura hacia la migración, hacia el libre comercio...
—Por eso la importancia de ir construyendo una agenda a partir de nuestros propios intereses y prioridades.
¿Usted está en posición de negociar con todo tipo de republicanos, con los demócratas? ¿Hay gente que dice que después de la visita de Trump a México tal vez debería de renunciar?
—Llevamos un año en la Cancillería en labor permanente de interlocución política con distintos actores en Estados Unidos. Desde nivel federal, tanto con demócratas como con republicanos tenemos una interlocución robusta.
