Aprueban reformas para legislar en justicia civil

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Con 413 votos a favor el pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución, con la que se dota al Congreso de la Unión legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

En el debate de este dictamen, que fue enviado al Senado, se detalla que faculta al Congreso para expedir las normas que establezcan la concurrencia del gobierno federal, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, en materia de aplicación en mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, así como disponer la obligación de los poderes legislativos de los estados de expedir leyes que rijan su corresponsabilidad.

Al fundamentar el dictamen, el priísta e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Braulio Guerra, dijo que el primer elemento de esta modificación constitucional es la mejora regulatoria, además de que en diversas entidades los gobiernos han modificado sus legislaciones para perfeccionar el encuentro entre el ciudadano y la autoridad.

Detalló que se busca que cuando la gente acuda con su gobierno en la administración pública para realizar un trámite haya cercanía, autorización y regulación en torno al desempeño económico. Esta reforma homologará los criterios para que tengamos un solo lenguaje, un elemento que permita unificar que estados y ayuntamientos tengan mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas, dijo

El legislador explicó que el uso de mecanismos alternativos de solución le permite que se asimile con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en el país, debido a que a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores.

Describió que, de acuerdo con un diagnóstico del CIDE, en México existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales, lo que dificulta al Estado proteger de manera eficiente y certera el derecho a la identidad de la población.