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A dos años de los delitos cometidos en Iguala por autoridades locales y el crimen organizado, la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no presenta avances significativos para resolver las principales demandas: conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su plan de trabajo para el mecanismo de seguimiento del caso Iguala, con el fin de que el Estado mexicano cumpla las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que no han sido atendidas.
“No se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares. A pesar de los [dos] informes emitidos por el GIEI y las recomendaciones respectivas, las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos o avances positivos que permitan su localización”, subrayó el organismo en las consideraciones del mecanismo.
Se prevé que este día la CIDH reitere las medidas cautelares y solicite redoblar esfuerzos para saber el paradero de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En el Segundo Informe del GIEI hay 22 recomendaciones que requieren trabajo conjunto y que tampoco han sido cumplidas en su totalidad, entre ellas destacan: disminuir la formalidad y burocracia, limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones, aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva.
El rediseño institucional para que servicios periciales sean independientes de la PGR, análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades, incorporar en las investigaciones todos los delitos y violaciones a los derechos humanos, evitar que las violaciones a las garantías individuales se juzguen bajo el rubro de la delincuencia organizada.
Potenciar las líneas de investigación, indagar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales, atención adecuada y manejo público de las víctimas, evitar revictimización y criminalización de las víctimas, informes médicos adecuados a estándares internacionales, garantías médicas durante la detención y actitud cooperativa frente a asistencia internacional, precisa el documento.
Aunque el mecanismo fue acordado por la CIDH y México, la investigación del caso Iguala está sin dirección porque la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, que lleva la indagatoria, no tiene titular y la responsabilidad recae en Alfredo Higuera Bernal, encargado de la oficina de investigación.
Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, no ha nombrado al sustituto de Eber Omar Betanzos, quien dejó el cargo el 25 de octubre tras la salida de Arely Gómez González, y tampoco ha dado a conocer su plan de trabajo para conocer el paradero de los normalistas.
La CIDH informó que el mecanismo de seguimiento es para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Para ello el Estado mexicano dará apoyo económico a la CIDH con el fin de asegurar el financiamiento del mecanismo.
La comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, en las que también considera el delito de desaparición forzada, para prevenir un daño irreparable a las personas, preservar el ejercicio de los derechos humanos y cumplir con las reparaciones necesarias.
En esta primera visita a México se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y un encuentro con familiares de las víctimas en Ayotzinapa para explicarles sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El plan de trabajo del mecanismo tendrá una duración de 12 meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación del caso.
El mecanismo es un acuerdo con los familiares de los desaparecidos y las autoridades mexicanas, que involucran a la PGR, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
México recibió por el caso Iguala diversas observaciones y recomendaciones de organismos locales e internacionales de derechos humanos ante las fallas, omisiones y probable obstrucción de la justicia cometidas desde la PGR.
Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, y Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, fueron cesados. La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, seis personas fueron asesinadas, 17 heridas y 43 normalistas desaparecidos en Iguala, sólo hay evidencia de Alexander Mora Venancio, identificado por peritos argentinos a quienes les entregaron restos óseos supuestamente hallados en una bolsa junto al río Cocula. Al momento hay al menos 130 personas detenidas y ninguna sentencia condenatoria.
