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El Senado aprobó la minuta de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que reforma los tipos penales en concordancia con los tratados internacionales y al Código Nacional Penal.
La minuta del Senado —que regresó a la Cámara de Diputados— se allanó a 22 de los 47 cambios hechos por la colegisladora, pero en 22 más la Cámara Alta se mantuvo en la redacción original, relacionados con la definición de los tipos penales. En los otros tres siguen buscando consensos con los diputados.
Así —señala la minuta— se entenderá por trata la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, a la concepción y recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Al presentar el dictamen, la senadora Adriana Dávila (PAN), presidenta de la Comisión Contra la Trata, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que el análisis de la minuta lo hagan sin carga política, electoral, prejuicio y perjuicio, porque la actual ley es inoperante.
“Estas modificaciones que proponemos y estos 22 artículos que concretamente se refieren a los tipos penales, sin duda serán un instrumento mejor para tener a los tratantes en la cárcel”, dijo.
Fernando Yunes (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, explicó que en cuanto a los tipos penales se corrigen aspectos como el dolo tipificado y se propone sancionar únicamente por acción.
“Se introducen medios comisivos —el engaño, la amenaza, el enamoramiento, entre otros— para mayor certidumbre jurídica y se armoniza el articulado conforme el Protocolo de Palermo”, detalló.
Dijo que el dictamen busca eliminar la confusión entre trata y explotación de personas, con la finalidad de que sean dos delitos distintos.
La senadora Angélica de la Peña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la norma diseñada responde a la necesidad de sancionar y erradicar los delitos de trata y explotación, pero sobre todo para garantizar justicia y reparación a las víctimas.
