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En las investigaciones para ayudar al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha enfrentado con “obstáculos y demoras” para la realización de las diligencias, principalmente en el segundo mandato de este equipo de especialistas, como el que no se les haya permitido entrevistar “a los presuntos responsables para confrontarlos con los hallazgos que nos habíamos encontrado”, afirma Francisco Cox.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista chileno destaca que si bien en la primera etapa del mandato del GIEI hubo apertura del Estado mexicano, en la segunda se dieron hechos como cuando se realizaban los allanamientos de lugares y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) los hacía antes que el propio equipo de Ayotzinapa. “La SEIDO mantenía el control de la investigación y esto entorpecía la realización de la indagatoria, puesto que no existía control por parte del equipo de Ayotzinapa”, dijo.
Francisco Cox es miembro del GIEI. Su trabajo en México comenzó en marzo de 2015 y explica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un mecanismo de seguimiento especial para continuar con las labores de investigación y conocer el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ha referido que existieron obstáculos y demoras, ¿en qué sentido?
—Lamentamos la situación, toda vez que habíamos visto que empezaron a surgir obstáculos en la realización de las diligencias que nosotros sugeríamos. Con voluntad por parte del Estado mexicano era posible esclarecer el caso. Aún teníamos bastante que contribuir en términos de las diligencias para hacer avanzar la investigación y apoyar a quienes estaban realizando las búsquedas, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto con la Procuraduría General de la República.
En una primera etapa de nuestro mandato, durante los primeros seis meses tuvimos bastante apertura y colaboración, a excepción de la negativa absoluta y un tanto incomprensible de entrevistar a los miembros del 27 Batallón. En nuestro segundo mandato, que terminó el 30 de abril de 2016 —no obstante los acuerdos adquiridos en Washing- ton ante la CIDH—, vimos que esta voluntad desapareció y empezaron a surgir demoras en la gestión de nuestras diligencias.
¿Puede detallar algunos de los obstáculos que refiere?
—No se nos permitió entrevistar, como sí ocurrió en la primera etapa del mandato, a los presuntos responsables para confrontarlos con los hallazgos que nosotros habíamos encontrado. Cuando se realizaban los allanamientos de lugares, la SEIDO los realizaba antes que el propio equipo de Ayotzinapa. Diligencias que nosotros proponíamos y que considerábamos fundamentales para que el caso avanzara. La SEIDO mantenía el control de la investigación y esto entorpecía la realización de la indagatoria, pues no existía control por parte del equipo de Ayotzinapa.
¿Cuál es su opinión respecto a los señalamientos sobre supuestos actos de tortura en contra de personas detenidas por su probable relación con el caso Ayotzinapa?
—Realizamos la revisión de los informes médicos de 17 personas; tenían signos de que al menos parecía que habían sido torturados. Esto afecta, sin duda, la credibilidad que puedan tener estas declaraciones. Hay que volver a entrevistar a los presuntos responsables. Es necesario que los servicios periciales sean independientes de la PGR. En México los servicios periciales son realizados por la procuraduría. Es la Agencia de Investigación Criminal de la PGR la encargada de ellos, lo que no garantiza ninguna independencia e imparcialidad en la investigación pericial. En países como Chile el servicio pericial es un ente autónomo que se pronuncia desde un punto de vista científico e independiente. No tienen intereses en el resultado del juicio.
¿Cuál ha sido su desafío personal frente al caso Ayotzinapa?
—Los casos de desaparición forzada toman tiempo y quizá se requieran acuerdos con algunos de los imputados para que revelen información, y esto es lo que debería buscarse. Ayotzinapa es un caso demasiado significativo para que se pueda olvidar; los esfuerzos de las comunidades nacional e internacional deben estar puestos para que estos padres sepan finalmente qué pasó con sus hijos. Uno de nuestros desafíos fue procesar toda la información, darle el apoyo a los familiares y mantenerlos informados. Intentamos sensibilizar al Estado mexicano en cuanto al trato con los familiares, cómo relacionarse con las víctimas. Siempre debió darse primero información a los padres que intentar dar golpes noticiosos.
