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César Yáñez, vocero del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó ayer que hay “obvio interés económico y político mezclado” en el caso del presunto tráfico de influencias en que habría participado para buscar la liberación de su novia, Dulce Silva Hernández, presa en Puebla.
Aseguró que en el fondo lo que se pretende con la acusación penal contra Silva Hernández es “quitarle un terreno de 4 mil metros cuadrados que se ubica frente al centro comercial Angelópolis”, según envió ayer, en declaración escrita, a Ciro Gómez Leyva para su noticiario en Radio Fórmula.
El delito por el que se le acusa se considera grave y no alcanza derecho a fianza; por éste podría ser acreedora a entre cinco y hasta 15 años de cárcel.
En su edición de ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer audios en los que César Yáñez trató de acordar la liberación de Silva Hernández. Con ese fin, buscó al procurador del estado, a través de su secretario, Rodolfo Alejandro Alducin.
En sus declaraciones a Ciro Gómez Leyva, Yáñez aseguró: “Nunca negocié o he negociado la salida de mi novia. La llamada que tengo con un funcionario de la procuraduría es del día de la detención de Dulce. De ahí a la fecha han pasado más de siete meses y ella sigue presa.
“Por todas las chicanas posibles han impedido que ella siga su proceso fuera”, declaró.
En su escrito, César Yáñez detalló en defensa de su novia: “La acusan de un delito que cuando se cometió, según ellos, no existía. La acusan penalmente para tenerla en prisión, cuando en todo caso debió ser [un proceso] civil. Creo que la relación que ella y yo tenemos la perjudica más de lo que la beneficia”.
Proceso sigue. La Fiscalía General del estado de Puebla detalló que el delito por el que se encuentra detenida Dulce Silva Hernández es por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultamiento de bienes producto de un delito, ya que presuntamente pretendió nulificar el aseguramiento de un predio de 4 millones de dólares.
La fiscalía indicó que los hechos derivan de una supuesta cesión de derechos que Edmundo Tiro Moranchel, accionista de Invergroup habría hecho en favor de Silva Hernández, de un terreno adquirido con recursos de las víctimas de fraude, delito por el que el empresario se encuentra sujeto a proceso desde 2010.
Después del aseguramiento, Dulce Silva Hernández “se presentó ante quienes habían vendido el predio a Invergroup, pretendiendo hacer valer una cesión de derechos realizada por Tiro Moranchel, con lo que se pretendía nulificar el aseguramiento realizado en favor de las víctimas y sustraer del patrimonio de Invergroup dicha propiedad”, señala la fiscalía.
Al realizarse la investigación y solicitar que acreditara los pagos por más de 4 millones de dólares que justificaran la operación, “se estableció la inexistencia de tales recursos, por lo que se ejercitó acción penal” en contra de Dulce Silva.
“Ella ha ejercido todos los actos de defensa que ha estimado procedentes, incluyendo un juicio de amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez que conoce de la causa”, detalló.
