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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no puede tener control de los contratos que suscriban las organizaciones con personas que han sido vinculadas con delitos que luego reclaman violaciones a derechos humanos, asegura el nuevo comisionado presidente de esa institución, Julio Hernández Barros.
Si existe algún trato con las víctimas para que se les otorgue parte de la reparación, “es ajeno a nosotros, y aparte es indebido”, afirmó.
Tras los señalamientos de la activista Isabel Miranda de Wallace en el sentido de que organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos han obtenido recursos del Fondo de Reparación de Daño, Hernández Barros dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la comisión no puede juzgar si una persona es o no responsable de la comisión de un delito y si se ordena la reparación del daño, ellos lo hacen.
Precisó que en esta nueva etapa de la comisión se buscará agilizar la reparación del daño sin esperar una sentencia de un juez o una recomendación de la CNDH, pero la función pública debe ser más sensible y entender que se trata con personas que sufren.
Desde su oficina indicó que en el proyecto de reforma a la ley de víctimas no se tomó en cuenta a la CEAV ni a las bases, que son las víctimas.
Hernández Barros aseguró que estará más involucrado en la situación de las víctimas y buscará la forma de que el fondo de mil 500 millones de pesos llegue a los que lo necesitan de una forma más ágil “y que no se quede en el banco, como ha sucedido”.
¿Qué pasa con los señalamientos de que algunas organizaciones usan a la CEAV para obtener recursos?
—Hasta este momento ninguna organización ha obtenido dinero directamente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eso no quiere decir que ellos no puedan hacer un contrato directamente con la víctima y obtener parte de la reparación que nosotros le paguemos a la víctima. Nosotros estamos fuera de ese control. Debe haber un candado y un límite; cuando una víctima nos dice que tuvo un abogado, el monto que fijamos, de acuerdo con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, es de 2 mil dólares de honorarios y es lo que fijamos en nuestras resoluciones.
La señora Miranda de Wallace denunció que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos obtuvo por dos recomendaciones 12 millones de pesos. ¿Qué opina?
—Eso lo obtuvieron las víctimas, las que ellos representan. Si ellos hicieron algún trato con las víctimas para que les dieran parte de la reparación, es ajeno a nosotros, y aparte es indebido. No se les repara en calidad de secuestradores, sino porque durante el proceso se les violaron sus derechos humanos. Es como el caso Tlatlaya, eran delincuentes y sicarios y no tengo ninguna duda, pero los reparamos porque hubo violaciones a los derechos por parte de las Fuerzas Armadas.
Inicia otra etapa en la comisión ejecutiva, ¿cuáles serán los puntos centrales para mejorar la atención a los víctimas?
—Serán tres ejes centrales, facilitarles a las víctimas el acceso a los recursos del fondo, eso será lo más importante. Vernos más audaces e ingeniosos en el manejo del fondo, que sea asequible para las víctimas tanto en medidas de ayuda, asistencia y atención, como en medidas de reparación integral. El otro eje es aprovechar la colegiación, eso se está desaprovechando. Somos tres formas de ver los problemas y si con los otros comisionados Susana Pedroza de la Llave y Adrián Franco podemos encontrar soluciones conjuntas, voy a aprovechar su experiencia y conocimiento. El tercer punto es que necesitamos un acercamiento mayor con las víctimas y con las organizaciones que los representan. Seré muy cercano, con una política de puertas abiertas. Que sientan que la comisión ejecutiva es su casa, no tenemos otra razón de ser que atender a las víctimas y si no lo hacemos, entonces no servimos.
¿Cómo facilitar el acceso al fondo cuando la ley no se los permite, les pone candados?
—Una reforma a unos cuantos artículos haría mucho más fácil el manejo del fondo, pero si le metemos ingenio podemos hacerlo con fondos de emergencia. Se puede disponer del dinero mucho más ágil. Si en lugar de buscar una sentencia ejecutoriada o una recomendación de la CNDH para la reparación integral vemos con el Ministerio Público que nos diga que el responsable de los delitos está prófugo, eso nos abre las puertas para la reparación integral sin la necesidad de una sentencia. La idea es que el dinero llegue a quien de verdad lo necesita y que no esté guardado en un banco como hasta ahora ha estado.
¿Esa ruta la habían practicado?
—Es una ruta nueva, novedosa, pero implica cierta sensibilidad por parte de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, que no nos vaya a sancionar por disponer de los fondos, tenemos todo el fundamento para hacerlo. Invito a la Función Pública a decirle que estamos tratando con seres humanos en su etapa más dolorosa.
De los mil 500 millones de pesos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, ¿cuánto han ejercido?
—Son 120 millones de pesos.
¿En cuántas víctimas?
—Son 700 víctimas. Se ha buscado formas ingeniosas para entregarlos.
¿El Estado se ha visto rebasado ante la situación de tantas víctimas que hay en el país para su atención?
—Creo nunca es suficiente lo que puede hacer el Estado por las víctimas, creo que las instituciones no pueden poner como excusa que están rebasadas para negarse a atender, el reto es muy grande y pondré a la comisión al nivel del reto.
¿Funciona al 100% el mecanismo para atender a las víctimas?
—Hasta el año 2000 no había ninguna regulación para las víctimas, no tenían ningún derecho, la Constitución no mencionaba el nombre víctima; de ese año a la fecha, el papel de la víctima en la sociedad se ha reivindicado, hay instituciones que garantiza sus derechos.
¿El nuevo presidente de la CEAV estará cerca del legislativo para la reforma a la ley de víctimas?
—En el proyecto de reforma a la que no se le tomó en cuenta fue a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y quién más calificado está para opinar sobre la forma de mejorar la atención es la propia comisión ejecutiva, porque nosotros somos los que nos encontramos con las paredes a la hora de aplicarla, y también ir a las bases, qué necesitan las víctimas, si una ley no surge de las necesidades.
San Fernando, Allende, Nochixtlán, Tlatlaya, Tanhuato, ¿son signo de que algo ocurre en el país? ¿qué está pasando?
—El problema de la delincuencia en México es enorme. Debemos apostar a la prevención, muchos de estos problemas comienzan en la familia, en la escuela y así van creciendo como un embudo. Es indispensable que en México se tenga un banco de datos genéticos que permita cruzar datos de las personas desaparecidas con las que están buscando a familiares, es uno de los grandes problemas que tenemos. El fondo debe llegar a quien lo necesita y que no esté guardado en un banco como hasta ahora ha estado.
