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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en el caso de evasión fiscal de Veracruz se libró una orden de aprehensión, derivada de las querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), y se realizaron dos audiencias iniciales.
Sin dar más detalles sobre la orden de aprehensión, recordó que, a la fecha, se han presentado 32 querellas en la PGR por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro los datos y los informes, así como avisos a los que se encuentran obligados los contribuyentes.
Lo anterior fue presentado como parte del segundo informe que elaboró la dependencia con motivo de la fiscalización a partir de la denuncia que hizo un medio electrónico por la creación de empresas fantasma, en las que podrían estar vinculados funcionarios del gobernador Javier Duarte.
De las audiencias, el SAT precisó que en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso, con lo cual se podrían tener elementos para iniciar un juicio y en otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional.
A 30 contribuyentes se les cancelaron los documentos de certificación de sellos digitales, con lo cual ya no podrán facturar de manera electrónica y, por lo tanto, no podrán hacer deducciones de impuestos como tampoco sus proveedores por falta de comprobantes o en duda de su autenticidad; se encontró que una persona y una empresa no contaban con el certificado. Uno más está en proceso de que se le cancele.
De la lista inicial de los 26 contribuyentes que se dio a conocer y que están involucrados en este caso, en la actualización, el SAT especificó que 25 se ubican en las supuestas empresas simuladoras de operaciones, de las cuales a 23 se les notificó su situación en junio pasado y a otras dos se les avisó de manera personal.
El jefe del SAT, Osvaldo Santín, explicó que la lista de las empresas que se mencionan en el reporte se sustenta en que no tienen “materialidad económica”, y por lo tanto sus actos fiscales están siendo revisados respecto de sus contratantes. Es decir, aquellas personas que tuvieron alguna transacción comercial con dichas empresas.
Además, en el segundo reporte se menciona que de las ocho empresas asociadas se identificó a cinco contribuyentes que también se ubican en el supuesto de simuladores, por lo que se inició la integración de los expedientes correspondientes para su notificación conforme al proceso.
Informan a los sancionados. Por otro lado, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en Veracruz notificó a cada uno de los militantes a quienes les fueron suspendidos sus derechos partidistas, con lo cual tienen 15 días para presentar sus alegatos ante este órgano partidista.
Solamente a Juan Carlos Rodríguez García no se le entregó notificación alguna, tras confirmarse que no es militante del PRI.
El jueves pasado por la noche, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria envió a su filial en Veracruz los documentos correspondientes para notificar a los militantes suspendidos de sus derechos, entre ellos el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
“Notifíquese personalmente a los denunciantes y a los denunciados. A los denunciados por conducto de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz”, se señala en la documentación.
