Más Información
Derechos Humanos CDMX reconoce a Azucena Uresti, Loret de Mola y Héctor de Mauleón; honra su libertad de expresión
Preocupa a organización binacional recorte presupuestal en consulados de EU; piden reforzar presencia
Cárteles mexicanos reclutan a estudiantes de química para producir fentanilo, asegura NYT; buscan crear una droga más fuerte y adictiva
Ambientalistas condenan manejo de fauna en el Tren Maya; “La biodiversidad de México no debe ser sacrificada en nombre del progreso”
Senadores de Morena ven Corredor Interoceánico vital para diversificar comercio; representa un centro estratégico global
LaSuprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz.
Los ministros de la Corte consideraron que los congresos locales de las entidades gobernadas por Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua), violaron la reforma Constitucional de 2015 al carecer de competencia para legislar en la materia.
Los fallos fueron realizados por los ministros José Ramón Cossío y Javier Laynez, quienes consideraron que ambas entidades realizaron una “actuación precipitada” al legislar antes de la plena entrada en vigor las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante la sesión de hoy, las acciones de inconstitucionalidad 58/2016 contra la ley anticorrupción del estado de Chihuahua, gobernado por César Duarte, y la 56/2016, contra el sistema impulsado por el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, los ministros de la SCJN decidieron votar a favor de invalidar ambas normas, al considerarlas violatorias de los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción, por haberlas emitido con anterioridad a la emisión de todas las leyes secundarias del SNA y fijarán las bases nacionales para la creación de los sistemas locales en el tema.
En consecuencia, por el momento, ni los gobiernos de Javier y César Duarte, ni el de Roberto Borge, en Quintana Roo, cuya ley también fue impugnada, son competentes para emitir sus propias leyes anticorrupción y crear sus sistemas locales.
Las legislaturas locales deben esperar a que se aprueben y entren en vigor las leyes generales para poder emitir sus propias normativas en materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, para que las homologuen y ajusten al sistema federal.