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Las expulsiones de políticos corruptos no legitimarán a los partidos hasta que se vuelva una práctica generalizada, consideron expertos.
Ante la reciente suspensión de derechos partidistas que ejerció el PRI contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y el inicio del proceso de expulsión del partido, José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que las medidas no son suficientes para acabar con la corrupción que practican los funcionarios públicos. Para el también maestro en sociología política es necesario que estos personajes lleguen a la cárcel.
“Mientras más casos haya de gobernadores, de legisladores, de alcaldes que sean llamados a rendir cuentas cuando sí incurren en abusos de poder reales, menos lo van a hacer”, expresó Crespo.
Víctor Reynoso, académico de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), calificó a este tipo de medidas como “tibias”, porque “la lista de gobernadores que han sido fuertemente cuestionados por la opinión pública, con datos más o menos claros, sin que ellos hayan negado las acusaciones, es muy larga y expulsar a uno o dos de una lista larga es como tratar de tapar el sol con un dedo”.
En contraste, Fernando Dworak, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expresó que las medidas son extremas porque para acabar con la corrupción se tendría que apostar por las instituciones. Detalló que se debería “tener un Congreso plural, órganos autónomos para vigilancia y mayor transparencia” para manejar estos acontecimientos.
“Este tipo de denuncias prosperan cuando hay una presión de la ciudadanía. Vamos a esperar a que lleguen a un perfil público lo suficientemente grande para exigir renuncias. Pero pondría en duda que se convierta en una práctica habitual”, señaló Dworak.
Víctor Reynoso coincidió en que sólo se castiga a unos cuantos y no por las razones que se divulgan: “No es que [Javier] Duarte haya sido castigado por tomar dinero público de manera indebida, sino porque políticamente se movió mal. Si tomas dinero público, aunque sea de manera prohibida, pero cuidas las formas y mantienes bien tus vínculos políticos, no te va a pasar nada”.
Los tres expertos coinciden en que los partidos políticos se han atrasado en castigar a sus militantes acusados de ser presuntamente corruptos y que su mejor opción es deslindarse de ellos, porque ayudarlos genera altos costos electorales. Darles la espalda les ayuda a recuperar apoyo y ganar credibilidad.
Rechazan decisiones. Andrés Manuel López Obrador, señaló que los gobernadores priístas se han convertido en “chivos expiatorios”, mientras que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, expuso que el proceso de expulsión del gobernador de Veracruz es una simulación.
