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La mayoría de los 130 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pretenden alargar el juicio en su contra por medio de amparos; algunos están en curso, otros en periodo de revisión y no se tiene alguna sentencia condenatoria del Poder Judicial de la Federación.
A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, alrededor de 60 de los involucrados como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de Los Ángeles Pineda; Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa El Pato; Jonathan Osorio Gómez El Jona, y Agustín García Reyes El Chereje —identificados como autores materiales de la desaparición— buscan otra vía para abandonar la prisión alegando tortura o detenciones arbitrarias.
Al hacer un balance, Mario Patrón, director del Centro Prodh, consideró que sería lamentable que por malas prácticas, algunos de los que se encuentran en prisión puedan obtener su libertad, lo que pondría en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.
“El GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la CNDH, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR”, advirtió.
En entrevista, detalló que 90 % de las acusaciones de la PGR están vinculadas con delincuencia organizada y secuestro, por lo que consideró muy difícil que pueda convertirse en un riesgo para su liberación, siempre y cuando no se compruebe que hubo tortura.
El representante de los familiares de los normalistas señaló que el balance, a dos años de la desaparición de los normalistas, es preocupante, porque de acuerdo con los informes del GIEI se pudo documentar una serie de irregularidades en el caso.
Entre ellas, escenas del crimen que no fueron certificadas, levantadas y procesadas; detenciones arbitrarias de personas y traslados irregulares de equipos de PGR a zonas presumiblemente vinculadas que generaron manipulaciones de evidencias.
Enfatizó que si bien “se tiene un cúmulo grande de personas detenidas, no se ha dilucidado la verdad y, sobre todo, no se sabe el paradero de los estudiantes”. Acusó que la Procuraduría General de la República intentó construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas.
“Es una investigación que se basó en una teoría oficial de caso que a la postre, a través de pruebas científicas y contradicción de testimonios, se pudo ubicar que no tiene argumento de que el basurero de Cocula representaba el destino final de los estudiantes [normalistas]”, explicó.
Después de dos años, Mario Patrón dijo que existen los elementos científicos que dan cuenta que no pudo haber existido un incendio de la magnitud para incinerar 43 cuerpos humanos al grado de la carbonización.
Destacó que la indagación presenta un rezago importante en investigación de la macro criminalidad, en la que se tendrían que determinar actos de acción u omisión de las distintas corporaciones que pudieran estar vinculadas con los hechos.
“Era una región en la que el poder político trabajaba para el crimen organizado, esa línea de investigación no está determinada; no hay duda que hubo autoridades estatales en algunos hechos. Otras corporaciones como Huitzuco, que la policía federal estuvo presente en tres de los episodios y el Ejército también”, enfatizó.
Además de las irregularidades que fueron evidenciadas, se desmintió la teoría de la PGR, que sin razón afirmaba que los 43 estudiantes fueron incinerados junto con sus celulares. Esto se pudo determinar debido a que siete de los aparatos presentaron actividad en la misma noche y días posteriores.
“La investigación empieza a presentar algunos avances, pero a dos años es tarde. Los estudiantes normalistas no estuvieron juntos; estamos hablando de dos o tres grupos de jóvenes, así como de dos o tres rutas para su desaparición”, sostuvo Patrón.
Reconoció que con el entonces procurador Jesús Murillo Karam hubo una buena relación, pero la dependencia no tuvo la capacidad institucional para la investigación: “Estiraron una sola línea de investigación hasta que construyeron una supuesta verdad que terminó por determinarse que era una mentira histórica.
“Con la procuradora Arely Gómez se tuvo trabajo fluido, mediante un mecanismo de reuniones mensuales con los padres; pero el mecanismo ya está interrumpido por la necesidad de que la PGR dé cuenta de la investigación de control interno sobre el ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y otros funcionarios”, indicó.
Sobre la desaparición forzada en México, agregó Mario Patrón, en el último informe sobre México de 2015 y el seguimiento en 2016 del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, reiteró que hay un patrón generalizado de casos de desaparición en el país.
Explicó que en 26 de las 32 entidades se presenta este patrón y que a partir de Ayotzinapa se destapó un “cementerio clandestino” y una práctica generalizada en la región de Iguala.
Operadores
De acuerdo con la investigación, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, eran los cerebros financieros de la organización criminal Guerreros Unidos, a cargo de Sidronio Casarrubias Salgado.
Esa organización controlaba la policía de Cocula y otros municipios aledaños; incluso formó un grupo de reacción inmediata dentro de la policía de Iguala llamado Los Bélicos, que tenía el director de esa corporación, Francisco Salgado Valladares.
Ubicados por ir encapuchados y utilizar armas de grueso calibre, el grupo de Salgado Valladares utilizó los días 26 y 27 de septiembre de 2014 las patrullas 024, 026 y 027 para perseguir a los autobuses en los que viajaban los normalistas, cerrarles el paso, atacarlos y luego levantarlos. En Protección Civil también logró penetrar; los elementos operaban como halcones.
