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Senadoras y especialistas en el tema de derechos humanos advirtieron que es necesario acelerar el paso para concretar las leyes que aún están pendientes en la materia.
En el marco de la presentación del informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que encabeza Angélica de la Peña (PRD), se resaltó la importancia de que la Cámara Alta apruebe las leyes reglamentarias de los artículos 29 (en materia de suspensión de derechos humanos y sus garantías) y 33 de la Constitución (que concede al Ejecutivo la facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que realicen actividades políticas).
Sin embargo, mencionó, es necesario que la Cámara de Diputados legisle sobre el tema.
La senadora destacó que en el último año la comisión a su cargo logró sacar adelante la ley para prevenir y castigar la tortura y otros tratos crueles y degradantes, la cual también está pendiente ahora en la Cámara Baja.
“No es un tema fácil, pero México da un paso importante al reconocer que la tortura es un delito grave imprescriptible y tiene que cumplir, en el caso de la legislación mexicana, con los tratados que el país ha aprobado”, detalló.
Angélica de la Peña subrayó que no ha sido sencillo concretar voluntades políticas para reformas constitucionales ni para leyes secundarias; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República logró la aprobación de distintos ordenamientos.
La comisión, añadió la legisladora, logró sacar adelante la Ley de Ejecución Penal, la cual norma el funcionamiento, organización y conducción de los centros de privación de libertad, así como la conducción de sus autoridades, para garantizar la reinserción social.
“Este es un trabajo muy importante porque estuvimos durante dos o tres años dirimiendo con las distintas instancias gubernamentales para lograr que esta ley vaya armonizada con el nuevo Sistema Jurídico Mexicano y recoge las recomendaciones de organismos internacionales en este tema”, expuso.
También se logró, dijo, la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, la cual garantiza un sistema más benigno que pueda determinar acciones de prevención y, sobre todo, de reinserción de los jóvenes que infringen la ley.
“La Ley de Justicia Penal para Adolescentes tiene en su diseño, como parte fundamental, la Convención de los Derechos de la Niñez. De tal manera que estamos tomando la gran experiencia que se tienen en la región latinoamericana”, indicó.
Reto importante. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, exhortó también a la Cámara de Diputados para que dictamine las minutas pendientes.
“En derechos humanos no puede haber intereses, se trata de la protección de la dignidad humana, no es negociable”, expresó.
El representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, subrayó que se tienen las leyes y ahora toca su implementación y para ello es necesario que la Cámara de Diputados dictamine y apruebe.
Al referirse a la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, expuso que ambas constituyen un nuevo paradigma.
“Toca ahora el turno de la implementación de ambas piezas de la legislación, lo que siempre es un reto importante”, señaló.
Peña Palacios destacó que en el Senado está pendiente la Ley sobre Personas Desaparecidas y en el caso de la Ley General de Víctimas es necesario renovar el marco legislativo.
“La Ley General de Víctimas despertó entusiasmo que contrasta con la frustración provocada por su lenta implementación, es urgente renovar el marco legislativo, que se haga instrumento ágil que brinde respuesta”, declaró.
Al informe asistieron la magistrada María del Carmen Alanis, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entre otros. Los especialistas y legisladores reconocieron los pasos que se han dado en defensa de las garantías.
