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La creciente “judicialización” de los procesos electorales y la tendencia del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a anularlos, dominó el arranque, ayer, de las comparecencias de los aspirantes a magistrados electorales ante la Comisión de Justicia del Senado.
Ahí volvieron a encontrarse viejos adversarios: el hoy aspirante a magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, quien fue abogado del gobernador de Colima, Ignacio Peralta (PRI), y el senador y ex abanderado del PAN al gobierno de esa entidad, Jorge Luis Preciado, quien logró anular los comicios en la entidad en una primera ronda.
En el encuentro Vargas Valdez fue visto con preocupación por el PRD y el PAN debido a su postura, expresada en su ensayo académico, en el que criticó la proliferación de anulaciones electorales, como la de Colima, que él combatió como litigante y perdió frente a Preciado.
De hecho sobre esa actividad profesional, la senadora Angélica de la Peña (PRD) cuestionó que Vargas no haya entregado completa su declaración 3de3, puesto que no presentó a los senadores su informe sobre conflicto de interés —solicitado en el acuerdo de comparecencias, emitido la semana pasada— mismo que ofreció entregar después porque, dijo, no era un requisito original, ni había plazo.
De cualquier forma, prometió imparcialidad y excusarse en casos donde pudiera haber conflicto, pues reconoció tener muchos amigos políticos de diferentes partidos.
En sus respuestas, Vargas aseguró que la decisión del TEPJF al anular Colima en 2015 “no estuvo ajustada al cúmulo del expediente”, no se acreditó cómo la intervención de un funcionario afectó el voto de los colimenses, y se presentaron pruebas adicionales sobre las que ya no se dio audiencia a la parte afectada.
Del expediente fueron desestimadas 200 pruebas y la última —la confesión del entonces responsable de Desarrollo Social del estado sobre su participación en el proceso— fue la que resultó suficiente para anular, valoró.
Vargas sostuvo que en etapas previas de la elección se pueden corregir irregularidades e imponer sanciones, puesto que no se debe aplicar siempre la “pena de muerte en materia electoral”, que es la nulidad.
En ese peligro se está cayendo, que sea la voluntad de los jueces y no la de la ciudadanía la que impere, alertó.
Sin embargo, esta postura preocupó al PRD, que en voz de la senadora De la Peña expresó que justo es la anulación la que permite dar certeza, en tanto que el legislador Preciado —presente en la reunión, aunque sin derecho a voto— defendió la nulidad en Colima, que personalmente litigó.
“¿Si hubiera sido mi abogado hubiera cambiado su juicio?”, inquirió Preciado entre una batería de preguntas. Vargas Valdez, también ex titular de la Fiscalía Especializaba para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) aseguró: “Usted litigó en primera persona su elección, y lo felicito. Me hubiera gustado ser su abogado, ¡porque usted ganó [la nulidad]!”.
En sus posicionamientos el aspirante cuestionó la actitud “pendulante”, un día sí y otro no, del Tribunal Electoral en paridad de género, e incluso cómo entre magistrados y consejeros electorales a veces no hay respeto, además de falta de gobierno de la Sala Superior.
Contra “decisiones sin asidero”. Al aspirante Daniel Cabeza de Vaca, quien fue ex procurador general y ex consejero jurídico de la Presidencia, el senador del PRI, Manuel Cavazos, lo instó a fijar su postura respecto a lo que dijo, ya es una tendencia del Poder Judicial a legislar sobre todo en nulidades.
En respuesta, Cabeza de Vaca reconoció que en 2004, cuando se anuló la elección en el estado de Tabasco la decisión “no tenía mucho asidero en el marco constitucional”.
Con ello se estaba yendo en contra del voto popular, “afortunadamente se cambió ese criterio, en mi opinión, no lo suficiente”.
Cabeza de Vaca sostuvo que los dos criterios con los que se han anulado elecciones, “por violación a los principios constitucionales y la causal abstracta (2004) sí llevan a una judicialización de los conflictos electorales, sí llevan a que las cuestiones electorales se decidan en los tribunales y no en las urnas, como debe ser”.
Régimen de nulidad. A cuestionamientos del senador Benjamín Robles, el candidato Carlos Emilio Arenas Bátiz se pronunció porque los nuevos magistrados del TEPJF, cargo que aspira, se auto contengan y no ejerzan tanto activismo, aunque se opuso a la vuelta a un tribunal “decimonónico”.
Se pronunció porque desde el Poder Legislativo pongan reglas nacionales para anular elecciones.
