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Guadalajara, Jal.— Para evitar que la declaratoria Llamado a la Acción Jalisco —firmada por los representantes de 42 estados o provincias de 15 países distintos durante la clausura de la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas— se convierta en una carta de buenas intenciones, uno de los compromisos establece poner en marcha sistemas de medición de gases de efecto invernadero en las regiones, para poder evaluar si se están cumpliendo las metas y objetivos planteados.
“Si no existiera este sistema y no se transparentara de acuerdo con las variables y sistemas internacionales, se vería nula voluntad; si avanzamos en el sistema y en el registro aportaremos a nuestras naciones acuerdos con los que van a llegar a cumplir en la COP22”, dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras leer el documento.
La declaratoria, indicó el mandatario, pretende impulsar que los gobiernos subnacionales consoliden su participación, tanto en la implementación de las políticas para mitigar el cambio climático, como en la siguiente Conferencia de Partes sobre Cambio Climático (COP22), a realizarse en noviembre próximo en Marrakech, Marruecos.
El texto establece metas ambiciosas, como lograr que en 2050 todas las operaciones gubernamentales se realicen con energías limpias, y otras mucho más abstractas, como “apoyar el crecimiento de la energía renovable” en el sector privado.
Lo anterior permitirá el cumplimiento cabal de los acuerdos, puesto que los estados que lo firmaron se comprometieron a cumplir con “al menos uno” de los objetivos.
En materia de emisiones de gases de efecto invernadero se pretende reducirlas en por lo menos 80%, “o alcanzar el límite per cápita de dos toneladas para el año 2050”.
Para 2020, la meta es reducir la deforestación en 80% y asegurar la participación y el respeto total a las comunidades dependientes de los bosques, como pequeños agricultores o comunidades indígenas.
Se propone el diseño de leyes locales para estimular a la sociedad civil, las empresas y los distintos entes de gobierno a emprender acciones enfocadas en cumplir con el Acuerdo de París, firmado en la capital francesa en noviembre de 2015.
Falta de recursos. En la reunión plenaria de ministros participantes, algunos ponentes señalaron la necesidad de buscar maneras de financiar la participación de los gobiernos subnacionales en la mitigación del cambio climático y delimitar con claridad sus atribuciones en la materia.
Carles Llorens, secretario general de la Organización de Regiones Unidas reconoció la intención de la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Patricia Espinosa Castellanos, por posicionar la importancia de los gobiernos regionales en la implementación de políticas contra el cambio climático, pero consideró que la funcionaria de la ONU también debe empeñarse en señalar que los esfuerzos dependen en gran medida de que los gobiernos nacionales hagan llegar recursos suficientes.
El académico catalán indicó que otro problema tiene que ver con la falta de un reconocimiento claro sobre las competencias de los gobiernos subnacionales en materia de medio ambiente; como ejemplo mencionó lo que ocurre en Chile, donde el gobierno central prácticamente no da margen de maniobra a las administraciones locales.
David Heurtel, ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la provincia canadiense de Québec, señaló que por situaciones como la planteada por Llorens el gobierno quebequense ha generado, junto con California, en los Estados Unidos, un mercado de carbono que deja alrededor de mil 200 millones de dólares al año que se utilizan para generar energías limpias.
Roberto Iván Alcalá, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, planteó la paradoja que implica tener avanzadas políticas ambientales y no lograr detener el deterioro del planeta. En su opinión, esta situación tiene que ver con que los recursos federales destinados a la protección, conservación y restauración del medio ambiente se alinean a políticas creadas a nivel nacional y no a las que emergen de los estados y los municipios, donde se conocen mejor las problemáticas y necesidades de cada región.
Insistió en que las acciones contra el cambio climático deben ser federalizadas, descentralizadas y recaer en manos de los gobiernos locales.
En el mismo sentido, Eduardo Batllori Sampedro, secretario de Medio Ambiente de Yucatán, llamó a los diputados federales para que tomen en cuenta que las políticas para mitigar el cambio climático no sólo tienen que ver con destinar recursos para camiones recolectores de basura y luminarias led.
Ante esta situación, el Llamado a la Acción Jalisco plantea que además de gestionar fondos gubernamentales, las administraciones regionales deben buscar mecanismos alternativos de financiamiento.
