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El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó incrementar su Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria con recursos provenientes de las “cuotas de recuperación” que cobrará por el servicio de verificación de identidad con datos de la credencial de elector.
Sin embargo, los recursos que recibirá por esos servicios, y que serán excedentes a su presupuesto, no se dedicarán al proyecto de sus nuevas dos torres gemelas, sino a la subcuenta de ese fideicomiso, llamada Fondo de Mejoramiento de Módulos, indicó el director del Registro Federal de Electores (RFE), René Miranda Jaimes.
La decisión, tomada el mes pasado por la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, se debe a que muy pronto dejarán de ingresar al Fideicomiso todas las multas a partidos, candidatos, personas morales o sindicatos que fueron impuestas previamente a la reforma electoral de 2014, mismas que antes iban al Fondo de Mejoramiento de Módulos.
La totalidad de las multas electorales impuestas después de esa reforma de 2014 son ahora para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o en caso de multas locales, para sus similares en las entidades, así que el INE busca prevenir la sequía financiera del fondo, en lo que toca a recursos para el mejoramiento y equipamiento tecnológico de los módulos, pues sólo los recursos para las torres ya están garantizados.
El INE tiene 930 módulos, entre fijos, semifijos y móviles, a los que tiene que mantener en tecnología y equipamiento.
El acuerdo de la JGE del INE indica que el monto de la cuota por cobrar deberá ser establecido por el RFE según los recursos que el Instituto ha invertido al servicio de verificación de datos.
En entrevista, Miranda Jaimes dijo que hasta el momento Banamex, el banco que ha usado el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar desde hace dos años, no ha pagado, pues “estaba en un esquema de programa piloto”.
Además, expuso, el acuerdo del INE que oficializó el uso de datos de la credencial para verificación de identidad y combatir usurpación de identidad, apenas se aprobó este año.
Las impugnaciones a esa decisión —recordó— recién fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dio la razón al instituto tras considerar que no estaban en riesgo los datos de los mexicanos, pues los usuarios no tienen acceso a la base de datos de los electores.
El servicio consiste en que las diferentes instituciones públicas y privadas o asociaciones civiles deberán enviar en tiempo real al INE los datos de las credenciales que los ciudadanos presenten para identificarse, así como las huellas dactilares de los dedos índices de ambas manos para que se confirme o niegue la correspondencia con los datos del RFE y se corrobore la identidad de la persona.
El titular del RFE indicó que aún se realiza el análisis sobre el monto de la cuota de recuperación a establecer, pero estará vinculado al número de consultas, “habrá instituciones privadas que seguramente harán pocas consultas, otras harán más y habrá algún rango de recuperación en función al número”, dijo. Instituciones públicas como la PGR, con la que recién se firmó un convenio, no pagarán cuota de recuperación, dijo Miranda.
El INE decidió reforzar el blindaje de la credencial de elector y dar el servicio de verificación, “ante el incremento de prácticas delictivas consistentes en la suplantación o la usurpación de identidad, debido a un uso ilícito de los datos personales contenidos en dicho instrumento electoral”.
