El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Yunes Zorrilla (PRI), reconoce que las pensiones prenden las luces de alerta para el Estado mexicano.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el encargado de procesar la Ley de Ingresos que le envíe la Cámara de Diputados, única en la que el Senado tiene facultad para modificar, acepta que no sólo el gobierno federal debe responder por las pensiones, sino que también tienen obligaciones los estados, municipios, órganos autónomos y en el presupuesto ese rubro distrae cerca de 800 mil millones de pesos.
Acepta que los recortes para 2017 que afectarán proyectos de obras en comunicaciones y transportes son “una medicina amarga”, por eso siempre se evade. “El camino no es fácil, pero es el correcto para generar condiciones de estabilidad. Lo único que no puede perder el país son sus fundamentos macroeconómicos sanos”, afirma.
Considera que no fue un error no subir impuestos, pues se actuó con responsabilidad. Adelanta que su bancada no apoyará subir un peso al impuesto al refresco.
¿Por qué apoyar el paquete económico 2017?
—Tiene fortaleza en su equilibrio. Hay responsabilidad en función de ingresos macroeconómicos en el contexto nacional e internacional. Se actúa con firmeza al proponer al Congreso un recorte para tratar de evitar que siga aumentando el ritmo o la tasa de endeudamiento. El endeudamiento propuesto es menor marginalmente, respecto a ejercicios anteriores.
¿No aumentar impuestos ni modificar los actuales no es erróneo?
—No creo que sea una estrategia errónea. Es actuar con responsabilidad. Lo permiten los resultados de la reforma hacendaria de 2013, que ha permitido aumentar la recaudación 65% y que pase de 8.6 puntos del PIB en 2012 a casi 13 puntos.
Con el aumento en los ingresos tributarios que compensan la caída de los ingresos petroleros, se da una señal de fortaleza en la economía y, sobre todo, de responsabilidad.
¿Asfixian al Presupuesto las pensiones de Pemex y CFE?
—Es un tema estructural con luces de alerta para el Estado mexicano; no sólo el gobierno federal, también tienen obligaciones los estados, municipios y órganos autónomos, que en el presupuesto distraen unos 800 mil millones de pesos para cubrir este derecho social. Hay que repensarlo para que tenga sustento financiero.
La deuda tiene que ver con la depresión y recesión del mundo de 2008 a 2009. Por primera vez se pondera que haya más ingresos que gastos y esto permite que un porcentaje, aun en décimas de endeudamiento, empiece a disminuir respecto del PIB.
¿Se frena el ritmo de la deuda?
—Es el ritmo el que disminuye porque todavía hoy se contrata deuda, pero en los plazos y parámetros que se comprometió a observar desde 2013, lo que implica una tendencia la baja. Esperemos que el crecimiento de la economía empiece a ser superior.
¿Cómo observa la calificación a México de “estable” a “negativo” por parte de Standard and Poor’s?
—Aquí lo relevante está en que las calificadoras señalan, además de la deuda, un entorno de violencia e ingobernabilidad que afecta la llegada de inversiones. Esto se está atendiendo. De hecho, México no ha perdido el grado de inversión y está atento a recomendaciones para corregir.
En los Criterios Generales de Política Económica, ¿las estimaciones para petróleo y dólar son viables?
—Los indicadores, fundamentales para prever la capacidad de ingresos y egresos en un ejercicio fiscal, ya no son discrecionales, están sujetos fórmulas específicas, variables que determinan la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria.
Hay coincidencia con los análisis y pronósticos del sector financiero privado para lo que se estima que va a estar la mezcla del petróleo nacional, como el tipo de cambio. Hay que reconocer que se generaron las coberturas financieras necesarias para que se pueda prever el precio del dólar. Es una medida seria y particularmente realista.
En la cancha del Senado, el PRD adelanta que irá contra el paquete fiscal. ¿Qué posibilidades hay de que la propuesta del Ejecutivo pase lo más parecida a la original?
—Por fortuna, no hemos escuchado posiciones determinantes de los grupos parlamentarios, sino a favor en partes del paquete. Lo relevante es que estemos atentos a cumplir con nuestra función revisora de la ley.
¿El impuesto para los refrescos es viable?
—Modificarlo no está dentro de la agenda legislativa del PRI ni viene en la propuesta del gobierno de la República. En la Comisión de Hacienda estamos abiertos a analizar cualquier iniciativa, pero no vemos con simpatía modificar ese impuesto.
¿Es transitable el paquete económico en el Senado?
—Aunque hay diferencias propias de los grupos parlamentarios, existe un hilo conductor de responsabilidad frente al país que permite generar acuerdos y corregir donde haya sentido, en términos de argumentación.Es algo que hay que reconocer siempre de los trabajos legislativos en materia hacendaria de los senadores.
¿Son responsables con la política económica?
—La tentación de asumir posiciones populistas, rentables en posicionamiento electoral, siempre existe en materia fiscal; hay que reconocer que siempre ha habido responsabilidad de los grupos parlamentarios.
¿Pueden dejar los grupos sus colores en propuestas de modificación?
—En la comisión y en el pleno hay espacios para generar acuerdos y escuchar todas las propuestas. Por lo que respecta al PRI, tiene muy claras sus definiciones de no aumentar impuestos ni modificar las tasas. Lo relevante es que hay una propuesta de ajuste al gasto antes de endeudarnos. Actuar con responsabilidad, asumiendo ese costo porque no son noticias que vayan acompañadas de aclamación, al contrario. El esfuerzo se hará en la revisión de los gastos de operación y en aquellos que tienen que ver con servicios personales. Los salarios no se tocan.
¿Se tocan programas sensibles?
—Se ajustarán gastos en programas que no tuviesen tanta rentabilidad social, que no generen incidencia en los sectores más necesitados.
¿Cuál es el límite en este recorte?
—Que se garantice que todos los beneficiarios acreditados en padrones de los programas sociales se van a respetar; en ese sentido, son gastos irreductibles que reconoce el gobierno.
Cuando se habla de recortes en salud y educación, ¿se supone que habrá menos médicos y medicinas?
—Es el gran tema. Se observan recortes en esos rubros. Y porque son los fondos presupuestales más amplios en los que ha habido especial crecimiento, hay más de dónde empezar a revisar.
La lógica es revisar los recursos que llegan a las áreas de salud, educación y seguridad, empezando por los gastos de operación y servicios personales.
Se afectan proyectos de obras en comunicaciones y transportes, ¿es una medicina amarga?
—Es una medicina amarga, por eso es que siempre se evade. El camino no es fácil, pero es el correcto para generar condiciones de estabilidad. Lo único que no puede perder el país son fundamentos macroeconómicos sanos.
Para eso debe haber equilibrio en las finanzas públicas, con especial cuidado en los índices inflacionarios; se debe seguir, como hasta hoy, avanzando en materia de empleo. Hay cifras reconocidas por las calificadoras de toda la vida superiores a 2 millones de empleos formales en menos de cuatro años. No es fácil asumir un recorte que se tiene que efectuar, pero es el camino.
