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Organizaciones de la sociedad civil y académicos acusaron que la primera etapa del proceso de selecc-ión para renovar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es opaca y tiene márgenes de discrecionalidad.
En un pronunciamiento público, organizaciones como Designaciones Públicas, Fundación para el Debido Proceso, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, así como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, entre otras, afirmaron que esto compromete la legitimidad del proceso y en consecuencia, su resultado.
Lamentaron que en la convocatoria publicada por la Corte no se especifique si los documentos que presentarán los aspirantes a candidatos para ser magistrados de la Sala Superior del TEPJF serán públicos para que los ciudadanos los consulten libremente, pues únicamente se publica el listado de los aspirantes que reúnen los requisitos para formar parte de las ternas; además, mantendrá confidenciales las pruebas que entregue la ciudadanía, junto con sus observaciones y objeciones.
El viernes la primera lista fue dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación. De 126 aspirantes, sólo 20 son mujeres.
Entre los nombres conocidos están César Iván Astudillo, abogado general de la UNAM; Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, ex procurador General de la República durante el sexenio de Vicente Fox; María Amparo Hernández Chong Cuy, magistrada de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral, y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo.
El procedimiento de la Corte establece que a criterio de los ministros se evaluarán los méritos curriculares de los aspirantes y su idoneidad conforme al perfil del magistrado electoral, además de que las votaciones se realizarán de manera secreta. Ante ello, los firmantes del pronunciamiento exhortaron a los integrantes del máximo tribunal a hacer públicos los métodos de evaluación que utilizarán para que también la sociedad pueda intervenir en el proceso.
El posicionamiento está firmado por académicos, quienes coincidieron en que se limita la participación de la ciudadanía:
“Se excluye a la sociedad civil de un momento crucial y neurálgico para la evaluación: las comparecencias públicas, que, además, se limitan irrazonablemente a la comprobación de conocimientos jurídicos aportados en un ensayo escrito al inicio del procedimiento”, afirmaron.
En total, la SCJN elegirá a 147 candidatos para formar siete ternas con 21 postulantes cada una, mismas que presentará al Senado para que elijan a los siete nuevos integrantes de la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral.
Las organizaciones consideraron que, debido a que la Corte no detalló la forma en que integrarán las ternas, existe una discrecionalidad que puede perjudicar a los candidatos más calificados; en consecuencia, propusieron una selección basada en que los primeros siete integrantes deben ser los siete finalistas más calificados para asegurar que cada terna incluya a uno de los que comprobó tener más y mejores méritos. Finalmente, exigieron que las ternas respondan a criterios de honorabilidad, independencia, mérito, capacidad académica y credenciales democráticas.
