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El dirigente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra, señaló que a la disidencia magisterial no le preocupan las denuncias penales que la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) anunció que comenzará a interponer en contra del movimiento magisterial.
“No nos preocupa, los empresarios deben tener la sensibilidad para estar tranquilos”, expuso.
Dijo que los empresarios están preocupados por preservar sus privilegios y sus utilidades, piensan de manera individualista, y están buscando “alebrestar” el ambiente.
“No le están midiendo, siguen buscando la forma de que las cosas se alebresten otra vez (...) Los empresarios por lo que están preocupados es por las utilidades, no por sus empleados”, dijo en entrevista.
Señaló que la Coordinadora está trabajando con el gobierno federal para resolver el conflicto magisterial en la vía de abrogar la reforma educativa y que ha habido “sensibilidad” de ambas partes.
Rechazó que las negociaciones con la Federación se vayan a ver afectadas por los amagos de la iniciativa privada de dejar de pagar impuestos, sacar las inversiones de las entidades donde la Coordinadora tiene mayor presencia, ampararse y ahora buscar interponer denuncias penales colectivas.
El 11 de agosto los profesores se reunirán en una mesa con el Poder Legislativo (todavía no hay una definición si será con diputados o senadores) y la Secretaría de Gobernación para tratar la ruta de abrogación de la reforma, “se está trabajando, no creo que haya ninguna situación de que se afecte la mesa”.
Análisis. Por otro lado, académicos y representantes de organizaciones sociales coincidieron en que los recursos legales que está promoviendo la iniciativa privada son una muestra de la desesperación y el hartazgo que está ocasionando el movimiento magisterial, y de sentirse “secuestrados” por las afectaciones que les está provocando.
Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, coincidió con el líder magisterial en que es necesario que el gobierno federal relaje su postura con respecto a no modificar ningún aspecto de la reforma educativa y escuche a los “miles” de maestros en el país que están en contra de la evaluación y temen por sus empleos.
“Refleja el hartazgo de la sociedad frente a esta situación. Sería relativamente fácil desarmar el movimiento [magisterial], bastaría con que alguna autoridad dijera que se van a suspender las leyes hasta que no se revisen”, expresó.
Consuelo Mendoza, de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Manuel Silva, presidente de la Alianza de Maestros, coincidieron en que no es momento de que el gobierno federal se eche para atrás; sin embargo, dijeron que los empresarios están en su derecho de utilizar las vías legales que consideren necesarias para defenderse de las afectaciones provocadas por el magisterio.
