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El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertos 25 procedimientos de remoción de consejeros de Organismos Públicos Electorales Locales (OPLs), mediante los cuales se solicitó el cese de 80 funcionarios.
La presunta parcialidad en la toma de decisiones, el incumplimiento del principio de paridad de género, desacato a sentencias o retención de prerrogativas de algunos partidos son algunas de las causas alegadas para demandar los relevos, de acuerdo con los recursos promovidos por ex candidatos, fuerzas políticas o abiertos por vistas enviadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Hasta el momento el INE solamente ha removido a siete consejeros que integraban el OPL de Chiapas.
Sin embargo, otros 22 expedientes abiertos contra consejeros electorales de diversas entidades del país fueron cerrados, porque han sido desechados, declarados infundados o los quejosos retiraron sus solicitudes.
En caso de prosperar algunos de los procedimientos de remoción que todavía están pendientes de resolver, el INE deberá cubrir las vacantes que resulten. Para el próximo año el instituto se apresta además a designar a 65 consejeros de OPLs en 18 entidades del país.
Las vacantes a cubrir en 2017 —en procesos de designación para los que se presupuestaron 12.4 millones de pesos— son tres consejeros que finalizan sus encargos como integrantes de los OPLs de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, además de un espacio en Tlaxcala.
Remociones pendientes. Entre los procedimientos de remoción aún pendientes de resolución en la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE destacan los de los siete consejeros de Tlaxcala, cuya vista al instituto fue ordenada por la Sala Superior del TEPJF, dado que se comprobó que ignoraron la Constitución y las leyes al avalar candidaturas que incumplían la paridad de género, como hicieron sus homólogos de Chiapas que fueron removidos por esa causal, entre otras.
También están procedimientos abiertos contra los consejeros del OPL de Sinaloa, denunciados por Morena por retener sus prerrogativas, y los de Morelos, acusados por el Partido Socialdemócrata de esa entidad por retenerle prerrogativas de 2011, pese haber sentencia de por medio.
En el caso de los expedientes iniciados contra siete consejeros de Tamaulipas, éstos fueron abiertos por la vista dada al INE por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, pues fueron reincidentes al acatar una sentencia fuera del plazo que les fue impuesto.
Los magistrados de la Sala Superior también turnaron al INE para su análisis el caso de esos consejeros porque no cumplieron los lineamientos emitidos sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La Sala Superior del tribunal dio vista al instituto por la conducta de los consejeros de Durango por detectar irregularidades en el procedimiento de aprobación del acuerdo por el que se creó el Comité Técnico Asesor para el PREP que operaría en las elecciones de junio pasado.
En el caso del OPL de Puebla sus siete consejeros fueron denunciados por la ex abanderada independiente Ana Teresa Aranda, el PRI, PRD y Morena, en tanto que Movimiento Ciudadano acusó a un consejero de Querétaro de percibir salario en la Universidad de dicha entidad.
El OPL de Hidalgo fue denunciado por el PAN por haber negado el registro de 45 planillas de ediles en las elecciones municipales pasadas.
