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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la obligación ética y moral de garantizar que los nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no respondan a intereses partidistas ni judiciales, advirtieron especialistas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, los estudiosos del derecho constitucional y electoral lamentaron que muchos de los que se inscribieron para contender por un puesto en el TEPJF y los que aún continúan en el proceso de selección pretendan aspirar a esos cargos cuando actualmente no han concluido los puestos públicos para los que han sido designados.
Coincidieron en que la convocatoria en la que la SCJN estableció el procedimiento de selección no señala los criterios a evaluar de cada aspirante, lo que impide a ciudadanos y organizaciones civiles dar seguimiento puntual a que se garantice que quienes lleguen al Tribunal Electoral cubran el perfil necesario para ocupar el puesto.
El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Iván García Gárate, destacó la necesidad de garantizar la independencia partidista de los nuevos magistrados.
“Lo que se debería de cuidar más en este caso es la independencia de cualquier partido político, la independencia de cualquier poder económico, la independencia judicial, que las magistradas y magistrados puedan garantizar por medio de sus perfiles una independencia ideológica y una independencia partidista”, comentó.
“[Entre los participantes] el problema que veo es que son magistrados y magistradas que acaban de ser designados hace no tanto tiempo para cumplir un periodo específico en sala regional, entonces, tienen el mandato constitucional de cumplir un periodo en cada una de esas salas regionales. Que ahorita estén aspirando a la Sala Superior, creo que ahí influye un factor de ética judicial que se debería de tomar en cuenta”.
Cuestionó que la forma en que los ministros votaron para integrar cada una de las listas no está clara, debido a que sólo se establece que con su opinión votarán por quienes creían que cumplen con el perfil requerido.
Cuestionan perfil de candidatos. El ex asesor jurídico del Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros, calificó de irresponsabilidad este “brinco” de cargo que pretenden los candidatos: “Me parece una irresponsabilidad por parte de esos funcionarios, que estando en un cargo para el cual fueron nombrados en un periodo determinado, no hayan concluido todavía sus funciones y estén buscando cubrir otra función.
“Yo creo que para ser responsables deben concluir con su encargo y una vez que lo hagan aspiren a ocupar otros en materia electoral, pero hasta que concluyan”, explicó.
Para Castañeda Espinosa de los Monteros, entre los requisitos que debió establecer la SCJN desde la convocatoria al proceso de selección, es que los candidatos debieron pasar por mínimo tres procesos electorales, local o federal, para que se considere que tienen la experiencia necesaria en la materia para poder sancionar los asuntos que lleguen a su competencia en el TEPJF.
Dijo que es un error que la elección final recaiga en el Senado, porque aún está latente el riesgo de que los nombramientos se hagan bajo la perspectiva de cuotas partidistas: “Si realmente queremos tener un tribunal de alzada, verdaderamente imparcial en materia electoral, me parece que estamos equivocando la ruta para elegir a estos nuevos magistrados electorales, deberían ser los mismos ministros quienes elijan bajo la tutela de la Barra de Abogados o alguna institución académica que le dé seguimiento y transparencia a este proceso, pero no volvernos a meter al Senado para evitar esta cuota de partidos”, agregó.
La Corte no tiene una metodología para conocer verdaderamente los perfiles y trayectoria de los aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso está politizando el proceso, señaló el magistrado del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Oskar Kalixto Sánchez, sin hacer un señalamiento específico.
Explicó que conoce bien el proceso porque se inscribió para la renovación, pero no fue incluido en la primera etapa. Al momento de pedir una explicación, puesto que consideró que reunía los requisitos, no se le dijo nada.
“No creo que el proceso sea transparente, lo que me queda claro es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hacen un procedimiento estructurado; a la Corte le correspondería analizar desde un punto de vista objetivo a los que reúnen el perfil, sin embargo, lo hacen político”.
El peso político en la definición. Kalixto Sánchez dijo que la SCJN no puede basar el proceso para conformar las ternas en un ensayo, puesto que al tratarse de la Sala Superior del Tribunal Electoral deben estar los que tengan los mejores conocimientos.
“Es más, por recomendados, lo podemos ver incluso en la votación. No es posible que tengan los votos tan estructurados; la Corte debe asumir un papel analítico y objetivo, y no político; no aplicó ningún examen de conocimiento”, enfatizó.
La importancia de evitar influencias políticas o empresariales fue abordada por el especialista en derecho constitucional de la Universidad La Salle, Julio Jiménez, al recordar que quienes lleguen a la Sala Superior del TEPJF serán los encargados de resolver, entre otros, los procesos electorales en el Estado de México en 2017 y durante el proceso federal de 2018.
“El Poder Judicial de la Federación (PJF) está dando muestra de su nula autonomía, de su absoluto conocimiento de los intereses políticos y de su absoluto desconocimiento de los intereses electorales y democráticos del país, del pago de facturas y de ser grandes negociadores del derecho”, afirmó, porque para él, los perfiles de los candidatos no son los mejores y quedaron fuera quienes tienen mayor experiencia y trayectoria.
El coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Miguel Ángel Eraña, reconoció que en este proceso de elección se agregaron elementos nuevos como el escrutinio público y que la misma convocatoria sea pública; sin embargo, consideró que esto no colma las necesidades de transparencia que debió tener la elección. Para el especialista, los cinco minutos con que contaron los candidatos para exponer sus ensayos, no fueron suficientes para realizar una evaluación eficaz sobre sus perfiles. Señaló que la convocatoria tuvo diversas inconsistencias e irregularidades que pudieron haberse impugnado.
“Ojalá alguno de los relevados lo impugne, pero como la SCJN es juez y parte, tampoco hay medios adecuados de impugnación de este procedimiento tan intoxicado que me parece ha hecho la Suprema Corte”, observó.
La semana pasada fueron electos los 21 candidatos que integrarán las siete ternas para que los senadores designen a los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF. De ellos, siete no tienen experiencia alguna en materia electoral ni formación en ese ámbito, los demás son presidentes de tribunales electorales en los estados o magistrados de salas regionales.
El ex director jurídico del anterior Tribunal Federal Electoral (Trife hoy TEPJF), Pedro Hernández Gaona, observó que la lista de los 21 candidatos que conformarán las ternas es muy plural y, a su juicio, no revela un favoritismo por parte de los ministros.
Consideró que a pesar de las deficiencias señaladas por académicos y organizaciones de la sociedad civil con relación a la transparencia del proceso de selección, esta renovación de la Sala Superior del TEPJF es la más transparente hasta el momento.
“No va a depender de los ministros, ellos sólo proponen ternas, antes lo que hacía el Senado era poner sus cuotas conforme a intereses políticos, pero ahora al Senado le van a llegar ternas verdaderamente depuradas”.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció que el proceso de elección tiene menos deficiencias que en el caso de la elección de los ministros de la SCJN; sin embargo, la convocatoria no define requisitos puntuales para participar, lo que en su opinión provoca que no exista garantía de que quienes lleguen a la Sala Superior sean especialistas en materia electoral. “Tendríamos que eliminar la participación del Senado, desde mi punto de vista, porque es una participación eminentemente partidista, es decir, es imposible que la Cámara Alta no actúe como lo es, un órgano político, sería ir contra su propia naturaleza”.
