Acusan ante ONU violación a derechos

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Un colectivo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil elaboró un informe luego de documentar más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por empresas privadas en distintos estados de la República.

El reporte da cuenta sobre los abusos cometidos por 99 empresas, 41 nacionales, 50 extranjeras y ocho públicas, en los que atentaron contra el derecho a la tierra y al territorio, 32 casos; falta de acceso a la información, 28 casos; al derecho al medio ambiente sano, 22 casos; sobre impactos negativos a la salud, 17 casos e incumplimiento a los derechos indígenas, 17 casos.

En 52% de casos hay intimidación o ataques a defensores de los derechos humanos que se opusieron a algún proyecto empresarial y en varios las amenazas estuvieron acompañadas de agresiones como detenciones arbitrarias y asesinatos.

El texto será entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU durante su visita al país, que inicia este 29 de agosto. Según el informe, uno de los principales factores que favorece a las empresas privadas a cometer violaciones son las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal que, consideraron, debilitan o contradicen las obligaciones del país en materia de derechos humanos para favorecer al sector privado.

Entre las reformas estructurales está la de diciembre de 2013 en materia energética, cuyo proceso de aprobación, dice el reporte, se realizó violando derechos de la población mexicana.

“En primer lugar, la información puesta a disposición por el gobierno federal para la promoción y justificación de la reforma fue claramente insuficiente y deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población.

En segundo lugar, no se permitió que la ciudadanía participara para decidir sobre esta reforma que tendría consecuencias para todos los mexicanos.

En el informe acusaron que con la reforma laboral no se garantizó la libertad de asociación, facilitando otros abusos en ese ámbito con la complicidad del Estado en las represalias sufridas por los trabajadores que exigen sus derechos.