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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 11 de la Constitución en materia de asilo y refugiados en el país para establecer que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.
Se elevó a nivel constitucional el que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales”.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón (PAN), dijo que esta reforma representa una oportunidad para que nuestro país inaugure una nueva política en asilo.
Recordó que estos cambios permitirán que toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad estén en peligro pueda ser reconocida como refugiado y se le otorgue asilo político.
Destacó que estos beneficios, derivados del derecho internacional humanitario, permitirán que México tenga una política mucho más solidaria, acorde a los estándares y las mejores prácticas internacionales.
Gabriela Cuevas subrayó que esta reforma es importante para México, ya que cada año ingresan a nuestro territorio 150 mil migrantes centroamericanos de manera irregular, y muchos de ellos huyen de la violencia en sus países de origen.
Explicó que tan sólo de 2012 a 2015 se cuadruplicó la cifra de solicitudes de asilo en nuestro país provenientes de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que en lo que va del presente año se reportan más de 4 mil peticiones.
“Sin embargo, como lo documenta Human Rights Watch, en 2015 México reconoció la condición de refugiado únicamente a 0.3% de niñas, niños y adolescentes no acompañados provenientes de Centroamérica”, dijo.
Frente a esta situación, explicó la legisladora, una nueva política de asilo otorgará seguridad jurídica y demás garantías de protección a miles de personas que necesitan de protección humanitaria en nuestro país.
“Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 58% de los provenientes del triángulo norte [El Salvador, Honduras y Guatemala] son potenciales acreedores de la condición de refugiados”, destacó.
“El texto del artículo 11 constitucional es una excelente noticia para el paradigma de los derechos humanos al que el Estado mexicano se adscribió con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual tuvo su único punto débil en no regular adecuadamente las figuras del asilo político y de refugiados”.
Por ello, agregó, el reconocimiento en nuestra Constitución del derecho humano a buscar y recibir asilo permitirá la aplicación de instrumentos internacionales que regulan tal derecho, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 14); la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Artículo 27); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 22.7) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
La senadora expresó que el nuevo marco de protección humanitaria detonará una revisión a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y demás dispositivos afines, con el objeto de crear mejores capacidades institucionales y detallar reglas y procedimientos para que sean conformes con las normas del derecho internacional.
