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En una democracia como la mexicana es indeseable que tantos asuntos electorales lleguen al Tribunal Federal Electoral, reflexiona el presidente de este órgano de justicia, el magistrado Constancio Carrasco Daza.
En una dura aunque, aclara, respetuosa crítica, el magistrado dice que en 10 años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto 150 mil asuntos, cifra que revela que los partidos políticos tienen una deuda en materia de cultura de la legalidad.
“¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, respetuosamente, que en los procesos internos partidarios, fundamentalmente para elegir a sus candidatos a los cargos de representación popular, en el grueso, el principio de la cultura de la legalidad, en el seno de los partidos políticos, todavía es un proceso inacabado. Esto es, sin duda alguna, todo un tema; no es deseable en una democracia que se construye, como la mexicana, que tantos asuntos lleguen a la justicia electoral”, señala.
Carrasco Daza es uno de los siete miembros que integran la Sala Superior del TEPJF que al inicio del mes de noviembre dejarán el tribunal para dar paso a nuevos magistrados. Advierte que el proceso de selección de los nuevos jueces debe de cumplir con tres criterios que garanticen su independencia y que los protejan de las presiones externas.
Explica: “Hay principios básicos que tienen que atenderse, y estos principios básicos señalan, primero, un adecuado proceso de designación; segundo, garantías de inamovilidad en el cargo de quienes van a componer estos órganos, y tercero, garantías contra presiones externas.
“Hay que decirlo, los tribunales de este calado, por las competencias, las atribuciones que tienen, pueden llegar a vivir presiones de esta naturaleza”, asegura.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del tribunal opina que el principal reto para el próximo proceso electoral de 2018 es que se logre que los ciudadanos tengan un voto informado, a partir de que los partidos políticos propicien un debate de propuestas, que haya más ideas y menos spots.
—¿Cree que se requiere de más ideas, más planteamientos y menos spots?
—Sin duda alguna, es una síntesis que comparto, eso es lo que necesitamos: más debate político en México. Si las campañas políticas en el país no caminan en la ruta de dar un debate informado, es decir, qué postula un instituto político, qué postula un candidato, cuál es su programa de acción, cuál será su programa de gobierno, cuáles serán sus políticas públicas, sus posicionamientos con los grandes temas ideológicos de la sociedad; si esto no se da en las campañas políticas, ¿cómo les podemos exigir una vez electos que cumplan con las políticas públicas que nosotros juzgamos indispensables o con los derechos programáticos que consideramos un mínimo necesario en una sociedad democrática?
El magistrado también habla de las causas que, en su opinión, han generado un descenso en la participación de los ciudadanos en los procesos electorales.
“Las estadísticas nos han mostrado que en los distintos procesos electorales, fundamentalmente federales, ha ido en descenso la participación ciudadana. Esto es algo que tenemos que replantearnos y, en esa lógica, creo que lo que estaba sucediendo en nuestro sistema político es que los partidos no se estaban convirtiendo o estaban dejando de convertirse en los conductos ideales, no sólo en los conductos formales y materiales del desempeño público en México. Creo que ahí se da este fenómeno, así emergen las candidaturas independientes”, señala.
El proceso de sucesión en el tribunal
Los siete magistrados que actualmente integran la Sala Superior ocuparon el cargo por un plazo de 10 años improrrogables. Derivado de una reforma, esta vez los magistrados electorales que serán designados dejarán el cargo de manera escalonada. Dos de los siete nuevos integrantes lo ejercerán durante tres años, dos estarán seis y tres permanecerán nueve años.
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La crisis de los institutos políticos
El magistrado Constancio Carrasco Daza señala: “Son largos 10 años que estamos a punto de cumplir. En esa lógica, permíteme decir que el Tribunal Electoral en su conjunto, en ese entonces con cinco salas regionales y una Sala Superior, hoy hay seis salas regionales, se han resuelto aproximadamente 150 mil asuntos. Lógicamente, la Sala Superior, por su carácter de órgano límite de la justicia constitucional en la materia, ha tenido casos muy relevantes en el ámbito nacional, muy relevante en el ámbito de los derechos políticos.
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El reto de 2018
¿Cuál cree usted que sea el principal reto para el proceso electoral de 2018, no sólo para el tribunal, sino en general para el país?
—Creo que hay un reto mayúsculo que tenemos sociedad, ciudadanía, partidos políticos, candidatos independientes, autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna los tribunales electorales, salas regionales, Sala Especializada y Sala Superior de frente al proceso de 2018.
