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El presidente Enrique Peña Nieto comprometió una profunda revisión del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de perfeccionarlo, lograr equidad entre víctima y victimario y garantizar una efectiva reparación del daño en todo el país.
Reconoció deficiencias en el modelo para atender a quienes han sufrido la delincuencia y dejó claro que para que el Estado mexicano pueda enfrentar los retos y desafíos del siglo 21, es necesario ajustar y modernizar las leyes para tener un cambio de realidades “que hoy no podemos permitirnos”.
Al inaugurar el foro internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso, indicó que si bien hay avances en el modelo, como el que permite al gobierno federal asistir y dar asesoría jurídica a la víctima, “también hay que decir: no es suficiente, ni en el orden federal, ni menos aún en los órdenes estatales”.
En este encuentro —organizado por la asociación Alto al Secuestro—, aceptó que hay casos que demuestran la inoperatividad de este modelo que se deriva de la Ley General de Víctimas promulgada hace tres años. Dijo que no basta con tener buenas normas, puesto que lo que transforma la realidad es su eficaz aplicación.
“Hoy, tenemos que perfeccionarlo, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño por las causas que deban de tenerse o de hacerse”, expresó.
“Para que realmente haya justicia, tanto víctima como victimario deben estar en una cancha pareja y contar con los mismos recursos”, dijo.
Detalló que se tiene un Registro Nacional de Víctimas en el que aún es necesario tener una mayor precisión y claridad, y se cuenta con un fondo de ayuda, asistencia y reparación que no se tenía, pero se debe asegurar que sirva para apoyar a los agraviados.
Advirtió que algunas de las veces, parte de dicho fondo, en lugar de ser para reparar el daño a las víctimas, ha sido básicamente para los victimarios, para quienes son inculpados en un proceso, al invocar faltas al debido proceso. “Esto tendremos que corregirlo… Tenemos que revisar el modelo”.
Agregó que además se debe asegurar que las víctimas cuenten con la asistencia legal y jurídica de abogados victimales, ya que a veces son más las capacidades del inculpado que de las víctimas para enfrentar un proceso.
Iniciativa ciudadana. Luego de que Miranda de Wallace entregó a los presidentes de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), y el Senado, Roberto Gil (PAN), una iniciativa ciudadana para adecuar la Ley General de Víctimas, confió en que ésta sea enriquecida para fortalecer las capacidades del Estado para velar por las víctimas.
Recordó que se trata de un sistema garantista que reconoce los derechos de todos los mexicanos y parte de presumir la inocencia de todo inculpado. Aceptó que “la vara es ahora más alta” y que el Estado tiene la necesidad de asegurarse que el inculpado realmente sea culpable.
Expuso que hoy los órganos de procuración y administración de justicia tendrán la responsabilidad de ser mucho más profesionales, llevar averiguaciones debidamente sustentadas y soportadas en evidencias, eventualmente científicas, para probar la culpabilidad de una persona.
En su mensaje, Isabel Miranda de Wallace llamó al presidente Peña Nieto a “colocarse del lado correcto de la historia”, unirse y apoyar la protección de las víctimas a fin de convertirlas en sobrevivientes y agregó que el Estado tiene la obligación de proteger al inocente, castigar al culpable y no dejar impune el delito. Urgió transformar las reglas y atención a víctimas.
Dijo que los operadores del sistema deben entender, sobre todo los jueces, “que no es necesario anular los derechos de las víctimas para hacer valer los derechos humanos de los imputados” y solicitó cinco acciones del Ejecutivo: que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia y a la verdad; cambiar la ley de víctimas; contar con abogados victimales suficientes y capaces para que haya igualdad de armas; tener participación en las quejas que presenten ante las diversas instancias de derechos humanos contra los imputados, incluidos particularmente los casos de tortura.
Además, ser parte de los informes que el Estado rinde ante organismos internacionales, como los que presentan las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la PGR, y trabajar en la redacción y firma del Tratado de Protección de Derechos de las Víctimas en la ONU y en la OEA.
El senador Gil Zuarth pidió recoger lo aprendido hasta el momento y corregir lo que funciona mal, además de fortalecer la respuesta del Estado en la protección efectiva de las víctimas.
