El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, propone reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y trasladar la sede de la CIDH a Costa Rica.
"Yo reformé el sistema de las Naciones Unidas, me tocó la transición de la Comisión al Consejo, la Comisión había perdido efectividad, por excesiva politización, selectividad, había perdido legitimidad, y la CIDH padece el mismo mal", dice el veterano diplomático en una entrevista a la agencia EFE en Washington.
De Alba Góngora volvió a la OEA, esta vez como embajador, hace solo un mes y medio, pero ya se ha situado como uno de los líderes más activos a la hora de proponer respuestas a las dos crisis que más preocupan en el organismo: la situación en Venezuela y el abismo financiero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su propuesta de reforma es para el conjunto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Comisión, con sede en Washington, y la Corte, ubicada en San José (Costa Rica).
"Las dos tienen un problema de financiación, pero la Corte ha sido más responsable, tiene propuestas completas de cómo atender esto, la CIDH se había rezagado. Hay que buscar una solución para las dos instituciones", defiende.
México quiere poner fin a la dependencia actual de las contribuciones voluntarias, que cayeron con la crisis económica y de refugiados en Europa, y establecer "obligaciones contractuales" para que sean los países de la región los que financien el sistema, más allá de la partida fija que sale del presupuesto de la OEA (un 6%, unos 5 millones de dólares).
El "mecanismo adicional" que propone México generaría "vía un protocolo" una escala de cuotas que solo sería obligatoria para los países firmantes del Pacto de San José, que creó en 1979 la CorteIDH, que no han ratificado ni Estados Unidos ni Canadá ni algunos Estados caribeños.
"Si no eres parte (del Pacto) no tienes obligaciones contractuales, por eso habría contribuciones obligatorias e indicativas", explica el embajador.
La Comisión, creada en 1959 como órgano autónomo de la OEA, sí tiene competencias sobre todos los Estados, mientras que la CorteIDH no puede pronunciarse sobre casos de países que no firmaron su pacto fundacional.
"Pero si establecemos un mecanismo de cuotas para la Corte, nada impide que sea también para todo el sistema", apunta el diplomático.
Preguntado si excluir a Estados Unidos, el mayor contribuyente de la CIDH, de la obligatoriedad repercutiría en las finanzas del órgano, el embajador subrayó que "la idea no es que deje de aportar, sino que todos aportemos más".
La otra propuesta de México para el sistema, que ya habían apuntado otras voces en el pasado, es trasladar la CIDH de Washington a San José, para que esté junto a la Corte.
"Lo que más se ganaría es la sinergia que se puede establecer entre ambas. El origen de esta propuesta no es presupuestario, también tiene un valor simbólico por el hecho de que esté en un país que es parte (del Pacto de San José)", señala.
"Sería -prosigue- un mensaje para los que no son parte, que no hayan ratificado el Pacto de San José tiene que tener un coste, no se nos debería olvidar que Estados Unidos y Canadá no lo hicieron. Una forma para conservar la CIDH en Washington podría ser que Estados Unidos se comprometa a ratificar el Pacto".
México es uno de los países "amigos del Sistema Interamericano", en palabras del embajador, que se ha mostrado crítico recientemente con la labor de la CIDH, una postura liderada durante años por los países de la Alianza Bolivariana (ALBA), sobre todo Venezuela y Ecuador.
"Habría que preguntarse por qué cada vez menos Estados apoyan con recursos o políticamente a la Comisión. Si la percepción, correcta o incorrecta, es que se ha alejado de los Estados, eso malo para el sistema porque no es una ONG, es un órgano que creamos nosotros mismos para mejorar", afirmó.
México cuestiona que "el presidente de la Comisión no viva todo el tiempo en Washington", que "no haya un solo pronunciamiento" sobre algunos países de la región o que "no haya una sola recomendación sobre actualizaciones legislativas en varios de los países grandes, como Colombia, en los últimos quince años".
"Hay temas que no tienen mayor actividad porque no hay donantes interesados en ellos. La Comisión no puede manejar solo temas que interesaron a tres o cuatro donantes", indica.
Añade que "la Comisión debe cooperar con los Estados porque en derechos humanos el mejor trabajo es prevenir las violaciones, señalarlas es importante, pero no puede ser lo único ni lo principal".
El embajador rechaza las afirmaciones de quienes, desde la Comisión y la sociedad civil, atribuyen las críticas de México a la CIDH al trabajo de su grupo de expertos independientes (GIEI), que reveló graves fallos en la investigación oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
