jusiticiaysociedad@eluniversal.com.mx
En el tema de derechos humanos y castigo a crímenes de lesa humanidad, México reporta “ciertos modestos” avances, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL el director de la Open Society Justice Initiative en el país, James Goldston.
Uno de los aspectos positivos fue pedir ayuda y permitir el ingreso a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para integrar un reporte sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“Nunca es fácil para un gobierno decir a la comunidad internacional: ‘Bienvenidos, necesitamos ayuda y asistencia, no podemos hacerlo nosotros’, y es más difícil para México, porque tiene este problema de violencia e impunidad, pero también muchos recursos económicos y de capital humano que podría utilizar para resolverlos, pero no está haciéndolo”, expuso Goldston en el marco de la presentación del informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que presentó la organización.
Independientemente de que la visita de los expertos terminó en un conflicto entre el gobierno mexicano y la instancia internacional, el sólo reconocimiento del país de que necesitaba ayuda hace años habría sido impensable, más aún que se permitiera algún nivel de acceso al caso y a los expedientes, y que una organización mundial presentara un informe detallado sobre las fallas del sistema mexicano de impartición de justicia, señaló.
“Es difícil atacar la impunidad, pero las cosas pueden cambiar y hemos visto eso en México. Hace varios años no habría sido posible que el gobierno invitara a la CIDH a que designara a algunos expertos para venir y estudiar un caso de 43 estudiantes desaparecidos, pero lo han hecho, algo cambió en los últimos años para hacerlo posible, eso es muy importante y tienen que construir un avance sobre eso. Eso es lo que tiene que pasar ahora”, dijo.
La mayoría de los avances han sido principalmente en el marco legal, como la aplicación del sistema de justicia oral en todo el país, y la transición de la amalgama de códigos penales locales en cada estado a un código procesal penal nacional y unificado.
Goldston también cuenta como avance la presentación de dos iniciativas de leyes generales: contra la tortura y sobre desapariciones forzadas y por particulares, las cuales presentó el presidente Enrique Peña Nieto en 2015.
Sin embargo, estos avances son insuficientes, porque en general la situación del país no ha cambiado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. Esto ha ocurrido porque aún existe una brecha entre la violencia a gran escala —asesinatos, desapariciones forzadas y tortura— y la impunidad casi total con un sistema que se niega a rendir cuentas.
El informe indica que esta brecha y la lentitud de los avances se han debido a la falta de voluntad política; advierte que el proceso no nace por generación espontánea, su construcción requiere tiempo. De ahí la importancia de que el país actúe conforme a los protocolos internacionales que ha firmado, como el Estatuto de Roma de 2005, que creó la Corte Penal Internacional, y que lo obliga a investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad.
“Creemos que el marco legal y el derecho penal internacional pueden avanzar en el debate, que las autoridades mexicanas actúen como deben para sancionar a los individuos que tienen responsabilidad en estos actos atroces, eso es lo que no ha pasado. El proceso de hacerlo posible es político”, dijo.
