El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, señaló que México exige y merece una justicia penal madura, protectora, pero no solapadora.
Señaló que la sanción que las leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas no sólo como un castigo al responsable, sino sobre todo como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, el agravio a las personas, el peligro que implica su conducta antisocial.
Aguilar Morales señaló lo anterior durante la inauguración del Octavo Foro sobre Seguridad y Justicia, donde el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal consideró necesario que cuando se opte por el juicio se busque la verdad mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a las pruebas ilícitas.
Planteó que se debe buscar el equilibrio de los derechos de todos los involucrados y los afectados, porque no hay duda de que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales.
De acuerdo con el ministro presidente del alto tribunal, no es menos cierto e incontrovertible que los derechos de las víctimas tienen la misma importancia, trascendencia y altura humana y deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad, pues de lo contrario la decisión que se tome en un juicio perdería su cualidad de verdadera justicia.
Planteó que los juzgadores de amparo están llamados a velar por los intereses de todos los involucrados, destacadamente del imputado y de la víctima.
También de los fines de una sociedad que ha apostado por un Estado de derecho y ha depositado esa delicada tarea en los jueces, quienes ahora claramente deciden de cara a la sociedad y deben ser evaluados por virtud de las razones de sus decisiones.
Consideró que ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado; lo que no contribuye al interés de lograr un mejor sistema de justicia penal.
Ello, añadió, haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder.
Reiteró que los jueces no son infalibles, y destacó que cuando se ha demostrado que han fallado, se les ha sancionado con todo rigor. “Son pocos los casos por lo que no creo que merezcan, todos, una descalificación generalizada”.
Con la implementación del nuevo sistema penal, en el Poder Judicial de la Federación se está en el camino correcto, y a unos días de entrar en vigor en todo el país, debe ser objeto de análisis para retomar las experiencias que ha arrojado su aplicación en el ámbito de competencia de cada una de las autoridades involucradas.
El ministro presidente de la Corte dijo que en el caso de la Justicia Federal, en estos últimos ocho años y especialmente en este año y medio reciente, este órgano ha creado la estructura física y humana para satisfacer la demanda del nuevo sistema.
“Ya contamos con Centros de Justicia Penal Federal en todas y cada una de las entidades federativas y juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas.
“En 28 entidades ya están en funcionamiento salas de justicia penal federal que suman, en esas 28 entidades, 31 centros con jueces especializados y seleccionados.
Además, en los cuatro estados restantes, Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, estamos a punto de la puesta en funcionamiento, que será el 14 de junio, dentro de una semana, para que abran sus puertas seis centros más ubicados en esas cuatro entidades.
“Desde luego, están designados para atenderlos 118 jueces de distrito que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación. Capacitación que se dará de manera continua para elevar siempre el nivel de calidad en la actuación de los juzgadores federales”, finalizó.
