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El sector privado coincidió en que es acertada la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de vetar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, “porque tal como se aprobó es inoperante”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, celebró la decisión del Ejecutivo de vetar el artículo 32 y otros 15 artículos de la misma ley.
“El Presidente ha escuchado a los empresarios y a la sociedad mexicana en la demanda de mantener vivo el espíritu original que dio pie a la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción [SNA]”, dijo.
De Hoyos exhortó al Legislativo a convocar a la brevedad a un período extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso aprobar, los cambios pertinentes a dicho artículo.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, dijo en entrevista telefónica que la decisión del Ejecutivo “muestra sensibilidad y es un acierto”.
Expuso que no iba a ser posible recibir las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de una gran cantidad de privados que tienen contratos con el gobierno, además de que se incluía a las personas que reciben cualquier tipo de recursos del gobierno.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) aseveró: “Esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo entre gobierno y la sociedad civil”.
Afirmó que los más de 50 mil empresarios afiliados a la cámara reconocen el elevado costo de la corrupción en nuestro país, que representa varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
La nueva ley tiene cosas muy buenas para la transparencia, pero sólo requiere que se corrija la redacción relacionada en la parte de obligar a particulares a revelar la declaración 3de3, consideró la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, Rosa María Cruz Lesbros.
Sugirió que la parte de obligar al sector privado a presentar las declaraciones 3de3 sea incluida en la Ley de Obras Públicas, cuando participen en licitaciones. Añadió que es muy difícil registrar el costo de la corrupción en la contabilidad, por lo que es más bien un fenómeno de percepción derivado de encuestas.
Destacó la labor de los contadores y las instancias gubernamentales en un mundo cada vez más complejo, y señaló que las declaraciones 3de3 de nada servirán si no hay alguien que las revise de manera profesional.