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A menos de 24 horas de haber aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció que está dispuesto a modificar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para dejar claro que los beneficiarios de una beca del Conacyt o de algún programa social o los empleados de alguna empresa que le trabaje al gobierno no son sujetos obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés.
De manera paralela, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que haga uso de su facultad y vete la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contiene la Ley 3de3 para servidores públicos acotada y que también obliga a los empresarios a que presenten sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal.
En entrevista, Zambrano Grijalva dijo que no puede expresar su molestia y rechazo con las decisiones que se tomaron este jueves por la noche en donde las minutas fueron avaladas y enviadas al Ejecutivo.
“Ojalá que el Presidente de la República haga uso de su derecho de veto, como lo conocemos coloquialmente, el derecho del Ejecutivo a observar una ley o un conjunto de leyes y que, por lo tanto, no las decrete. Es algo que empezaron a plantear las organizaciones de la sociedad civil, una parte del sector empresarial y están, a mi juicio, en lo correcto”, declaró.
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, auguró una serie de amparos en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que obliga a particulares que tienen negocios con la administración pública a hacer su declaración patrimonial, fiscal y de interés y publicitarla.
Si bien es cierto, destacó Anaya Cortés, que la corrupción suele involucrar a un político y a un particular, esta decisión legislativa no se basa en reflexión seria alguna.
“La idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales. Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, expresó Anaya a través de un comunicado.
Dijo que la redacción del inciso “B” del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende descarrilar el movimiento cívico en favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un “nuevo trámite” para becarios, pensionados y beneficiarios de programas sociales.
“Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseveró Anaya Cortés.
El coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez, se sumó a la petición de Zambrano para que el titular del Ejecutivo vete esta ley y anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad por lo inequitativo.
El ajuste. El vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez, anunció que los incisos “A” y “B” del artículo 32 no se moverán y la presentación de las tres declaraciones para las personas físicas y morales (empresarios) que tengan, que reciban y ejerzan recursos públicos o haga contratos con el gobierno, prevalece.
Acompañado de diputados, Ramírez Marín precisó que —ante las diversas dudas que se han generado en las últimas horas al interpretar la ley— es necesario comentar que el inciso “C” no va dirigido a los meseros que trabajan para un restaurante que contrató el gobierno o para las personas físicas que reciban dinero del gobierno, los becarios o los albañiles.
“Prácticamente el intento de controlar a los funcionarios sería insuficiente, por lo tanto creemos que el objeto de la ley es correcto y ese será inamovible; lo que nos parece que puede estar sujeto a revisión es qué interpretación le dé la autoridad, y si la autoridad considera que el inciso ‘C’ le da oportunidad de que un mesero tenga que dar su declaración, tengan por seguro que eso no sucederá, si es necesario cambiaremos la ley”, declaró.
No espanten inversión: Mancera. “La Ley 3de3 es para los servidores públicos, es para que nosotros transparentemos los recursos, no para llamar a la iniciativa privada, vamos a ahuyentar a la IP”, aseguró Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En ese sentido, hizo un llamado a la reflexión a los diputados federales para no tergiversar el planteamiento original de la sociedad civil.
“Imagínense que la iniciativa privada hiciera una donación o que tuviéramos una contratación, al rato tiene que transparentar y tiene que decir cuáles son sus recursos (...) No es por ahí el camino, estamos a tiempo de reorientar”.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que su bancada está conforme con las leyes aprobadas.
