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Los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) salieron a la calle y, desde el monumento al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, se manifestaron contra la corrupción y a favor de que no queden impunes las malas prácticas ante la falta de una verdadera respuesta del Senado para combatirla.
En rechazo al proyecto que aprobaron los legisladores de que las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés de los funcionarios no se hagan públicas obligatoriamente y que las empresas y personas físicas que tengan contratos con el gobierno también las presenten, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que es “excesivo” e inoperante porque cuando menos se habla de 100 mil empresas proveedoras del gobierno.
La propuesta que aprobó el Senado la madrugada del miércoles tampoco gustó a la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, la cual lamentó que en la ley aprobada no se obligue a los servidores públicos a la máxima publicidad y además se extienda a los particulares a manera de revancha.
No obstante, los empresarios coincidieron en que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene avances, como el hecho de que se incluya una propuesta ciudadana en una ley. Añadieron que esperan que los diputados voten porque las declaraciones de los funcionarios sean públicas.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther —acompañado de más de un centenar de empresarios afiliados al gremio, entre ellos 55 presidentes de los 65 Centros Empresariales del país— aseguró que la decisión de que también los particulares y empresas que reciban contratos del gobierno presenten el paquete de declaraciones “es una cortina de humo” que impedirá transparentar el uso de los recursos públicos.
Dijo no ignorar que la corrupción es un mal que afecta a todos y que “pudiera haber empresarios que caen en complicidades y, en ocasiones, que son víctimas de la corrupción extorsionadora”. Por ello exigió un Sistema Nacional Anticorrupción completo, “con dientes, que realmente castigue y erradique a la corrupción”.
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que con la forma en que está redactada la legislación aprobada, casi todos los empleados deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, “pero eso es inoperante”.
Afirmó que están de acuerdo con sancionar a las personas o empresas que incurran en actos de corrupción y que se eleve el grado de exigencia a las compañías para que tengan certificado de buenas prácticas. Sin embargo, dijo, debería haber un reglamento en el que se clarifique a quiénes se les podría requerir las declaraciones y fijar montos de los contratos públicos que se fiscalizarán.
El presidente de la Canaco Ciudad de México, Humberto López, lamentó que ante la exigencia de transparencia en el sector público, “se hayan hecho extensivos, sin el mayor cuidado técnico, requisitos para las empresas y quienes laboran en ellas, sin medir el costo administrativo que esto implica ni atender que los recursos de los contratos públicos ya se fiscalizan en tiempo real por parte del SAT”.
