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El Senado aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Ley Orgánica de la PGR, con lo que se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y reformas al Código Penal Federal para tipificar y castigar los actos de corrupción.
Así —en sesión del periodo extraordinario—, junto con el aval a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Pública, la Cámara Alta completó cinco leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y remitió las minutas a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
El documento destaca que en el caso de los cambios al Código Penal Federal, se amplía el catálogo de delitos con el objeto de sancionar a los servidores y funcionarios.
En el caso de los moches, explicó, que se plantea castigar al legislador hasta con 14 años de prisión y una multa de 300 a mil unidades de medida diarios, que en ejercicio de sus funciones gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exija u obtenga para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
En el rubro de sanciones, el dictamen prevé penas de hasta 18.5 años de cárcel a aquellos servidores públicos —electos para un cargo de elección popular o designados por el Congreso— que se les compruebe el delito de “enriquecimiento ilícito”, así como la inhabilitación del cargo que dependiendo de la gravedad del caso que puede ser de por vida.
También se aprobó minuta que expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa organismo que será el encargado de sancionar e imponer multas por faltas graves administrativas en casos de corrupción en los que incurran servidores públicos y particulares.
El senador Miguel Romo (PRI) expresó que se consideró incluir en los delitos por los hechos de corrupción, la pena de destitución y la inhabilitación por un plazo de uno a 20 años, para desempeñar empleo, cargo o comisión público.
Cabe destacar que dicha pena también podrá aplicarse por irregularidades en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público, de explotación, aprovechamiento o bien, uso de bienes del dominio de la federación.
La senadora Pilar Ortega (PAN) explicó que el Tribunal será el órgano donde se resolverán las controversias derivadas de la comisión de responsabilidades administrativas calificadas como graves.
“Eso implica que ya no será un órgano interno el que tenga la facultad de sancionar, inclusive al Ejecutivo Federal y Ejecutivos Estatales, a faltas de sus propios jefes, sino que será un Tribunal con autonomía técnica y operativa que decidirá sobre las faltas graves en materia de responsabilidades”, dijo.
El Senado avaló la creación la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá de la PGR, y que investigará y perseguir delitos en materia de corrupción. El nombramiento del Fiscal Anticorrupción será a través de una terna y cuyo titular tendrá que ser avalado por dos terceras partes del Senado.
La senadora Angélica de la Peña (PRD) expresó la preocupación de bancada porque el dictamen mutila los cambios a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para que investigue los casos de corrupción en temas electorales.
Lamentó que los legisladores hayan renunciado a dotar a la Fepade de un marco jurídico que le permitiera desarrollar sus funciones y que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía anticorrupción.
El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, consideró que la Fiscalía nacerá subordinada a la mayoría del Senado y a la PGR, además de que actuará “en las sombras, en la opacidad y sin transparencia”, debido a que el Fiscal puede ser destituido por revelar el desarrollo de sus investigaciones.
