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Hoy la Cámara de Diputados sesionará en su segundo día del periodo extraordinario, en el que se prevé la aprobación de la llamada miscelánea penal, que contiene la expedición de dos leyes y modificaciones a otra que servirán para homologarse con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Uno de los ordenamientos más importantes para la sesión es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que busca sustituir sanciones de cárcel para los adolescentes de entre 12 y 17 años, por trabajos comunitarios o prisión domiciliaria, con vigilancia de los padres del menor y así garantizarles una reinserción social adecuada.
Además se crea la figura del Centro de Internamiento, donde podrán purgar las condenas los adolescentes y que tendrá la capacidad de recibir a personas en condiciones adecuadas y con espacios que fomenten la convivencia y eviten la exclusión social.
Esta norma —que en caso de avalarse iría al Ejecutivo— también determina las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales, durante su adolescencia y según su grupo etario (se divide en tres grupos, los adolescentes con 12 años cumplidos y hasta menos de 14 años; aquellos que tienen 14 años y menos de 16 y, finalmente, quienes cuenten con 16 años cumplidos y menos de 18 años).
En el dictamen de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se precisan diversos mecanismos de investigación, sanción y procedimientos por delitos en la materia y se especifican las conductas que serán consideradas como tal, entre ellas destaca el uso de moneda falsificada, el robo de hidrocarburos, el agravio a los derechos de autor, el narcomenudeo y el contrabando, entre otros.
Además, faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar a la policía e intervenir comunicaciones privadas, autorizar la infiltración de agentes a quienes se les proporcionará una nueva identidad y se les garantizará su protección durante todo el procedimiento.
Se señala que la SHCP proporcionará al Ministerio Público la información y documentación que resulte conducente en los casos que existan indicios de la delincuencia organizada.
La Ley Nacional de Ejecución Penal busca crear el Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria; los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.
