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La figura del desafuero se ha desvirtuado por cuestiones políticas, ya que el fuero constitucional fue concebido para proteger a los legisladores y puedan expresarse sin represalias. La herramienta jurídica no intenta salvarlos de cuestiones jurídicas ni para contribuir a la impunidad, opinan politólogos.
Actualmente la Cámara de Diputados debate el caso de Lucero Sánchez, legisladora local del Congreso de Sinaloa, a quien se vincula con Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso para su eventual desafuero está en curso.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que hasta ahora en México los desafueros no han procedido por un nexo con el narcotráfico, sino por el mal uso de recursos públicos o por intereses políticos. Además, explican, en ningún artículo de la Constitución se señala que el fuero sea un impedimento para investigar a algún funcionario por cometer presuntamente un delito.
El politólogo y maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana, José Antonio Crespo, detalló que el fuero constitucional servía anteriormente “para proteger a los funcionarios que dieran su opinión, no a los que cometieran delitos”. Servía, asegura, para evitar una persecución en contra de quien pensara diferente que el gobernante en turno, por lo que el investigador califica como una “aberración” llevar a cabo el desafuero de alguien para poder juzgarlo por un delito.
“En automático, la ley tendría que capturar a una persona si hay elementos legales que comprueben que incurrió en un delito. El Congreso no tendría por qué decir sí o no al desafuero. Lo cierto es que en las pocas veces que se ha aplicado ha sido por cuestiones políticas, como el caso de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.
La Cámara Baja ha desarrollado siete procesos de desafuero, los tres primeros en contra de tres diputados federales priístas —el 1 y 2 de febrero de 1945—: Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
El cuarto desafuero fue contra el senador por Sonora Jorge Díaz Serrano (PRI), el 30 julio de 1983, señalado de cometer ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos buque tanques cuando era director de Pemex, un fraude equivalente a 5 mil 100 millones de pesos.
El quinto caso fue el del diputado local René Bejarano Martínez (PRD), el 5 de noviembre de 2004, por cargos de promoción de conductas delictivas, delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Después el del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, promovido por el entonces presidente Vicente Fox, el 8 de abril de 2005, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, al no dar cumplimiento a una suspensión definitiva en el predio El Encino.
Vino el del diputado Julio César Godoy (PRD), medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el 10 de diciembre de 2010, por vínculos con la delincuencia organizada.
El profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto Aziz Nassif, refirió que la figura del desafuero está desvirtuada, ya que se han ido pervirtiendo sus características iniciales para crear una figura de impunidad, cuando la idea original del fuero era evitar que existieran presos políticos.
“Esto es porque se han ido pervirtiendo los mecanismos de transparencia, se ha vuelto el desafuero un asunto político. Recordemos el desafuero de López Obrador, donde lo que imperó fue el uso político. En caso de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, se están curando en salud, pues alrededor del caso de El Chapo, lo único que se ve es un asunto mediático, de ahí que el procedimiento de desafuero puede ser poco creíble”, aseveró.
El analista político y profesor de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Jorge Chabat, explicó que el fuero constitucional surgió para que los legisladores no fueran amedrentados por sus dichos o acciones en contra del gobierno, pero no para proteger a criminales ni para darles impunidad, tal como sucede en la práctica.
“El desafuero lo único que permite ver es la impunidad y la corrupción que hay en el sistema político, tenemos el caso del ex legislador Godoy. Es lamentable que el fuero sea un elemento que contribuye a la impunidad y que cause una buena parte de los problemas del país. La impunidad tiene parte de su origen en el fuero”, añadió.
De ahí que, dijo, la reforma constitucional en la materia debe definir el uso del fuero, es decir, señalar sus límites y que es exclusivamente para proteger las opiniones, no para inhibir investigaciones criminales.
El proceso
El 25 de marzo pasado, después de recibir la declaración por escrito de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que el juicio de procedencia o desafuero de la legisladora es procedente, sin importar si la acusación que hace la Procuraduría General de la República (PGR) está basada en un delito grave o no.
El priísta rechazó algún tinte político por el cual se le esté dando una celeridad especial al caso en el seno de la Sección Instructora, pues este es el único caso que les ha turnado la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Rubén Tamayo, representante legal de Lucero Guadalupe Sánchez López, aseguró que su clienta presentó un escrito en el que se declara inocente, y argumentó que el delito por el que se le acusa —falsificación de documentos— no es grave y no tiene por qué proceder un juicio de procedencia o desafuero.
