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Ante la falta de acuerdos y consenso, las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República decidieron suspender la sesión programada para este lunes, y en la cual se abordarían las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Tras reunirse a puerta cerrada los integrantes de los órganos legislativos para definir los dictámenes de las siete leyes, y que por falta de acuerdos no se pudieron discutir, los coordinadores parlamentarios acordaron continuar con los trabajos de las 22 comisiones que tienen la responsabilidad de aprobar los temas agendados para el periodo extraordinario a desarrollarse del 13 al 17 de junio.
En un comunicado, los líderes parlamentarios del PAN, PRD, PRI y PVEM en la Cámara Alta expresaron que hay certeza de que las comisiones “cumplirán en tiempo y forma” la conclusión de sus trabajos para la celebración del periodo extraordinario, de ahí que este martes la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitará a la Comisión Permanente su celebración.
Los senadores recordaron que las legislaciones que se encuentran procesándose en el Senado son: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Mando Mixto policiaco, la Miscelánea Penal y el uso medicinal y científico de la marihuana, así como el gravamen.
Los representantes de la sociedad civil convocados por las comisiones del Senado para revisar las leyes anticorrupción, abandonaron las instalaciones de la Cámara Alta luego de que se les notificó que no había condiciones para realizar la reunión de trabajo.
Sorpresa en ONG. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que hasta ahora no se ha cumplido el plazo constitucional para aprobar el primer paquete en materia de combate a la corrupción, por lo que advirtió que es necesario avanzar, ya que aún se tiene pendiente la modificación de 20 leyes más.
“Acudimos a la convocatoria del Senado, esperamos por un tiempo razonable. Al no instalarse las comisiones unidas, dejamos una guardia en la Cámara Alta y nos retiramos, hasta ser convocados nuevamente. Lamentamos que el plazo constitucional para la aprobación de las leyes se agotara el día 27 de mayo”, apuntó en entrevista.
Posteriormente y mediante un comunicado, el grupo parlamentario de Acción Nacional reconoció avances en los dictámenes de las siete leyes secundarias de este sistema; sin embargo, aseguró que mantiene su demanda de incluir las más de 30 observaciones a los documentos que serán analizados.
Por ello, acordaron dar continuidad a los trabajos legislativos para lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga como base leyes fuertes y efectivas, que sirvan a los ciudadanos y “que no simulen el combate a un mal que mina la vida de nuestra sociedad”.
Destacó que los temas en los que el PAN va acompañado por el PRD son los nombramientos de miembros del Comité de Participación Ciudadana; la presidencia del Sistema Nacional de Fiscalización; el Sistema de Información de Compras Públicas de la Plataforma Digital del SNA; las causales de remoción del secretario Ejecutivo y facultad del Comité de Participación Ciudadana (CPC), entre otros.
El domingo pasado las bancadas del PAN y del PRD en el Senado advirtieron que de no existir cambios en los dictámenes de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, votarán en contra. “La propuesta del PRI y el Partido Verde deja a la voluntad del servidor público la publicidad del valor de su patrimonio, dejando este rubro en el mismo estado en el que se encuentra”, dijo Fernando Herrera, coordinador de los senadores del albiazul.
“Hay una intención de mantener a los órganos de control y a la SFP como coordinadores de los procesos de investigación. Eso es lo que ha provocado la corrupción”, declaró Armando Ríos Piter, senador del PRD.
El sábado pasado, EL UNIVERSAL adelantó que en la propuesta de dictamen se suavizó la determinación de hacer públicos los datos de las declaraciones patrimoniales.
