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Las bancadas del PAN y PRD en el Senado externaron que de no existir cambios en los dictámenes de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, votarán en contra.
Este lunes se prevé que las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, retomen el trabajo legislativo para que los dictámenes puedan ser avalados y llevados al pleno para su debate y eventual aprobación, en el periodo extraordinario del 13 al 17 de junio.
Los dictámenes planteados por el PRI y el PVEM, como adelantó EL UNIVERSAL en su edición del sábado, resuelven que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos se manejarán en versiones públicas, con reservas para los datos correspondientes a la privacidad “más íntima” de los servidores y de sus cónyuges y dependientes económicos.
La propuesta elaborada por la sociedad civil, que es la que respaldan el PAN y el PRD, argumenta que los servidores públicos deben abrir al público todo sus bienes patrimoniales, incluidos los de su cónyuge y beneficiarios, esto bajo el principio constitucional de máxima publicidad.
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, afirmó que tres de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, propuestas por el senador del Partido Verde, Pablo Escudero, carecen del consenso para ser aprobadas por los grupos parlamentarios de la Cámara Alta.
Afirmó que del proyecto que crea las leyes generales Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas —mejor conocida como Ley 3 de 3—, y que propone modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es insuficiente y no responde a las expectativas ciudadanas.
“La propuesta de PRI-PVEM deja a la voluntad expresa del servidor público la publicidad del valor de su patrimonio, dejando este rubro en el mismo estado en el que se encuentra ahora”, explicó en un comunicado.
Por su parte, el senador Armado Ríos Piter (PRD) dijo que su bancada no avalará las propuestas del PRI y PVEM, “debido que hay cuestiones graves que obligan a votar en contra” si no se hacen las modificaciones necesarias.
“Hay una intención de mantener a los órganos de control y a la Secretaría de la Función Pública como coordinadores de los procesos de investigación. Eso es lo que ha provocado la corrupción. Hay una serie de carencias que nos mantienen ocupados: de la declaración sólo dejan la carátula”, dijo.
Pide IP respetar espíritu de la iniciativa. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) urgió al Congreso a aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción “respetando el espíritu de la reforma para acabar con la impunidad.
Pidió mantener siete puntos en la legislación en la materia, entre los que destacan la creación de una fiscalía anticorrupción independiente, la renovación de la Secretaría de la Función Pública y dar a la Auditoría Superior de la Federación las facultades necesarias para revisar el uso del dinero público.
Destacó la importancia de fortalecer la Ley de Responsabilidades Administrativas y que se ajuste el Código Penal en los artículos relacionados con los actos de corrupción. “No hay excusas para demorar un acuerdo real. Los legisladores tienen la oportunidad de demostrar que tienen un compromiso con la transparencia”, destacó.
