La Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes es un avance claro en la ruta correcta para erradicar este tipo de delitos, que generan más y nuevas víctimas e impiden el acceso a la verdad y a la justicia, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).
La senadora del sol azteca destacó que esta ley, recientemente aprobada por el Senado de la República, tiene como objetivo fundamental establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó que esta ley cumple con las obligaciones contraídas con tratados internacionales, así como con las recomendaciones de la Relatoría contra Tortura de Naciones Unidas.
“Tomamos en cuenta también las distintas jurisprudencias y tesis que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estado decidiendo y desde el Poder Judicial para establecer los criterios fundamentales que deriven en cómo abordar, sancionar y determinar la importancia, y, sobre todo, cómo determinar la gravedad, porque se trata de una violación a los derechos humanos con este delito”, agregó.
En esta ley, dijo la senadora, se establece el tipo penal de tortura y de tratos crueles y sus sanciones, así como las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción. Además, se explican las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados.
De la Peña Gómez enfatizó que se establecen medidas específicas de atención, ayuda, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de delitos de tortura.
La legisladora subrayó que esta ley también es fundamental en la lucha contra la impunidad de los superiores jerárquicos, quienes toleran que sus subordinados cometan delitos, y no toman las medidas necesarias para prevenir o acabar con la comisión de este tipo de delitos.
La senadora perredista afirmó al respecto que esta ley es generosa, al crear una tutela de las poblaciones que están más expuestas, en situación de vulnerabilidad o riesgo, como son niñas, niños, adultos mayores, personas indígenas, migrantes y los defensores de derechos humanos.
Además, la pena aumentará hasta en 50% cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, una mujer gestante, una persona con discapacidad, un adulto mayor o que sea sometida a cualquier forma de violencia sexual.
Una de las partes más sustanciales de este proyecto, establece que serán excluidas y declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las declaraciones obtenidas a través de la tortura y de cualquier otra violación de derechos humanos o garantías fundamentales.
Apuestan a la prevención. El proyecto también contempla la creación del mecanismo nacional para la prevención de la tortura, el cual es un órgano de coordinación y vigilancia integrado por el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un Comité Técnico de cinco personas expertas e independientes.
“Esta ley deja muy claro que la tortura es un delito y una violación grave a los derechos humanos que debemos desterrar, que demos erradicar”, destacó la legisladora perredista en la Cámara Alta.
