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De febrero a mayo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha contabilizado mil 538 denuncias de irregularidades presuntamente cometidas en las 14 entidades con elección, informó el fiscal Santiago Nieto Castillo.
Compra de votos, condicionamiento de programas sociales y uso irregular de bienes y servicios o presión al sufragio son los delitos que más se han denunciado, advirtió.
Por eso, a diferencia de otros procesos, habrá células móviles para recibir denuncias durante los días previos a las elecciones.
“Del 2 a 6 de junio habrá despliegue ministerial para acercar la justicia penal electoral a los ciudadanos y sepan que pueden acudir a los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE) para plantear sus denuncias y que haya células móviles de la FEPADE que puedan acudir a las casillas donde se haya denunciado alguna conducta ilícita”, planteó.
En reunión con medios de comunicación, el fiscal explicó la dinámica que han tenido las denuncias de delitos electorales: de octubre a diciembre se recibieron quejas básicamente sobre turismo electoral; en febrero, la mayoría fueron relativas a compra de votos, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral (uso ilícito de bienes o servicios).
Ahora, al acercarse la jornada electoral del 5 de junio, las denuncias que más se reciben son por presunta presión a subordinados (de dependencias públicas) para que voten por un determinado partido político.
Nieto Castillo reconoció que hoy se vive una proliferación de conductas delictivas que antes no eran denunciadas.
Antes de 2014, aseguró, “los asuntos relacionados con derecho penal electoral eran alteración al modelo federal de electores, [pero] hoy tenemos un modelo distinto donde ya no es la usurpación de la identidad, que por supuesto nos preocupa”.
Ahora se trata de denuncias sobre turismo electoral, turismo electoral supranacional o fabricación de listados fraudulentos, (como ocurrió en Chiapas) o como el uso ilícito de los listados nominales de electores, como es el caso de la difusión del padrón o los listados en los portales de Amazon o digitalocean.com.
Nieto Castillo refirió que por ello este año se dio prioridad al blindaje electoral, cursos de capacitación para difundir conductas delictivas, y con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se capacitó durante meses a 22 mil funcionarios.
Expuso que también se verificará que las oficinas de esa dependencia se cierren durante el periodo de veda electoral o reflexión, mismo que corre desde el cierre de campañas hasta el día de la jornada.
