El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el Observatorio Electoral 2.0, mediante el cual vigilará los mensajes que difundan los candidatos de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas y a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en sus cuentas de Twitter y Facebook .
El investigador Julio Téllez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que “el buen uso de las tecnologías, en definitiva, puede decidir las elecciones. Pero el uso inadecuado también podría decidir o, en su caso, propiciar que se anulen las mismas”.
Es por ello que sería conveniente tener reglas claras de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia político-electoral, destacó durante una rueda de prensa celebrada en la sede del INE.
Aseguró que los políticos pueden optar por una presencia discreta en las redes sociales, o bien, constituirse como pioneros en las herramientas telemáticas que utilizan frente al elector, pero sin olvidar que hay diferencia entre la libertad de expresión y la transgresión de las normas electorales.
“Sí a la libertad de expresión, pero no a la transgresión del uso inadecuado de estas tecnologías en distintos ámbitos como el político-electoral”, añadió el también coordinador del proyecto.
Téllez Valdés expuso que al no estar reguladas por las leyes en materia electoral, las redes sociales podrían ser utilizadas para llamar al voto el mismo día de la jornada comicial, e incluso para que se sufrague por algún partido político en especial.
Recordó que durante las elecciones de 2015 varios actores, conductores y deportistas llamaron a votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); ellos fueron exonerados por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Hay partidos políticos y candidatos que utilizan estas tecnologías para transgredir la veda electoral. No estoy de acuerdo con la decisión del tribunal [electoral] porque dejó la vía abierta para que el domingo 5 de junio cualquiera pueda incitar a votar por un partido o candidato”, argumentó.
Señaló que el INE podría llamar a los partidos a suscribir un pacto de civilidad, con el fin de que se respete la veda electoral, aun cuando la ley no establezca regulación alguna, “porque aunado a la violación de la norma están también las llamadas campañas negras y campañas sucias”.
El consejero electoral Marco Antonio Baños informó que este ejercicio tendrá un costo de 600 mil pesos y se pretende aplicarlo durante los comicios federales de 2018.
Resaltó que el INE, a través de los sistemas de fiscalización con los que cuenta, recaba información respecto al costo que pudiera significar para los partidos y los candidatos el manejo de redes sociales.
