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Las denuncias recurrentes registradas durante el actual proceso electoral convierten a los estados de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo Tamaulipas y Veracruz en zonas de “atención prioritaria” para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, por lo que se realizará un gran despliegue ministerial en esas entidades a partir del próximo 2 de junio, adelanta su titular Santiago Nieto Castillo.
El titular de FEPADE, en entrevista con EL UNIVERSAL, informa que hasta ahora se acumulan mil 295 investigaciones relacionadas con los procesos electorales locales de este año. Niega que esas entidades de atención prioritaria sean el equivalente a “focos rojos”, pero reconoce que en el caso de Veracruz, por ejemplo, se han presentado más de 250 denuncias por la comisión de presuntos delitos electorales que van desde el condicionamiento de programas sociales y la compra de votos hasta el llamado turismo electoral, que implica el acarreo de votantes de un estado a otro. En Chiapas se ha detectado el mismo ejercicio, pero con personas de Centroamérica.
Indica que tanto en Veracruz como en Tamaulipas se han presentado cuatro denuncias por financiamiento ilícito destinado a las campañas electorales y agrega que la Fiscalía a su cargo realiza las primeras diligencias para conocer el fondo del asunto, por lo que se niega a dar más datos sobre las pruebas y elementos que obran en las averiguaciones previas correspondientes.
Reconoce que en materia de turismo electoral tan sólo en el último año se han detectado más de 2 mil casos vinculados con el traslado de personas de un estado a otro o de un municipio a una alcaldía vecina para que se registren como pobladores y puedan votar en los siguientes comicios, conducta ilícita que acumula hasta 28% de las denuncias presentadas en la historia de la FEPADE.
Señala que este delito electoral es recurrente en estados como Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, pero la gravedad del problema alcanzó a la Ciudad de México en 2015, puesto que en la delegación Coyoacán se detectó el caso de decenas de personas que se inscribieron al padrón electoral sin ser vecinos de la demarcación, a las cuales se les solicitó votar por un candidato a jefe delegacional.
Santiago Nieto confirma que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal (MPF) por la denuncia que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en su contra por el caso del ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, pero advierte que no cometió ninguna falta y que confía en el Estado de derecho.
Estamos a un mes de las elecciones, ¿cómo va a ser el despliegue para el próximo 5 de junio?
La FEPADE organizó dos proyectos para atender las elecciones locales de 2016. El primero fue el trabajo de blindaje electoral; se logró un convenio de colaboración con las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública (Sefupu) y con los gobiernos de los estados, a efecto de capacitar a los funcionarios públicos sobre delitos electorales e inhibir este tipo de conductas. Fue un proceso que abarcó las 14 entidades en las que habrá comicios: 12 elecciones de gobernador más Baja California, que va a renovar su Congreso local y ayuntamientos, y la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Por otro lado, estamos desarrollando un despliegue ministerial para tener Ministerios Públicos Federales especializados, acompañados de Policía Federal Ministerial, de peritos y de personal de las fiscalías estatales para que ministerios públicos del fuero común se sumen a este trabajo conjunto. Es importante señalar que hemos tenido un incremento muy importante en el número de denuncias.
Por ejemplo, en el proceso electoral federal efectuado entre 2014 y 2015 la FEPADE inició mil 500 averiguaciones previas por presuntos delitos electorales en 32 entidades. Para este 2016, la FEPADE inició 702 averiguaciones previas en el viejo sistema de justicia, 246 actas circunstanciadas y 347 carpetas de investigación con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Eso significa que tenemos mil 295 investigaciones abiertas relacionadas con los procesos electorales locales de este año.
Condicionamiento del voto
¿Cómo se distribuyen estas denuncias por estado y tipo de delito?
—Los estados que tienen una mayor presencia de denuncias electorales son Veracruz en primer lugar, seguido por Quintana Roo, Puebla y Oaxaca. Se nos están presentando varios tipos de modalidades delictivas; una de las más relevantes es el turismo electoral. Se han detectado casos de turismo electoral hacia Veracruz, hacia Oaxaca, hacia Quintana Roo y hasta en Coyoacán, en la Ciudad de México. Son grupos de personas que van de un estado a otro estado o municipio vecino para inscribirse en el listado nominal de electores. Se trata de colectivos de personas que van a vivir a un solo domicilio, situación que prácticamente se antoja improbable. En muchas ocasiones se trata de personas que se convierten en víctimas en virtud de que los instigadores primero los usan o los presionan para que hagan el cambio de domicilio y después los abandonan.
Recientemente tuvimos un caso de 280 movimientos irregulares que iban de Chalco a Oaxaca. Se pudo trabajar de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) y es importante decir que estas personas no podrán participar en las elecciones del próximo 5 de junio, puesto que fueron dadas de baja del Registro Federal de Electores (RFE).
Un segundo tema que está siendo motivo de denuncias por parte de partidos y candidatos, incluso de la ciudadanía en general, ha sido el condicionamiento de programas sociales. Se han presentado denuncias en contra de gobiernos municipales, de gobiernos estatales e inclusive del uso de programas sociales de naturaleza federal para influir en las campañas electorales. Ha sido muy importante la colaboración que se ha tenido con el abogado general y la Contraloría Interna de Sedesol para poder sancionar a los servidores públicos que condicionan los programas sociales e inclusive que usan los bienes y servicios públicos a los que tienen acceso por su encargo.
Votantes de Centroamérica
Sobre el turismo electoral, ¿cuántos casos tienen detectados? y, ¿han identificado a los autores intelectuales de este delito?
—La parte inicial de la investigación recaba del INE los nombres de personas que entregaron datos falsos al padrón electoral. A partir de ahí se hace la consignación respectiva de los implicados y en las declaraciones que realizan las personas que alteraron el padrón electoral hemos encontrado tanto el modus operandi como al instigador de este delito. En Oaxaca encontramos a los instigadores: era un grupo de seis personas que estaban acompañando a los camiones de personas para darse de alta en el padrón electoral de ese estado.
En este momento la carpeta de investigación se está desarrollando ante los jueces de control en el ámbito del nuevo sistema procesal penal, por lo que no se pueden dar más datos de la indagatoria. Los flujos provocados por el turismo electoral son uno de los problemas más graves del sistema electoral mexicano. Es un tema que a lo largo del último año puede haber tenido unos 2 mil casos, pero lo cierto es que no impacta en los 82 millones de personas que tenemos registradas en el padrón electoral. Hemos encontrado que se trata de una práctica recurrente en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en esta última entidad con personas que provienen de Centroamérica y quienes obtienen actas de nacimiento extemporáneas a efecto de registrarse como ciudadanos mexicanos.
¿De dónde a dónde se dan los flujos del turismo electoral?
De Chalco a Oaxaca, movimientos de Tabasco a Veracruz, de Tabasco a Oaxaca, son flujos que no pueden ser producto de otra cosa más que de la movilización previa a la jornada electoral. En Coyoacán llevaron a votar a personas que no vivían en la delegación para los comicios de 2015, pero en todos los casos que hemos detectado se ha actuado con el INE para darlos de baja del padrón electoral. Hay un caso en Coatzacoalcos que implica 854 movimientos irregulares y otro en Quintana Roo de mil 54 electores falsos. En términos históricos de 1994 a 2016, casi 28% de los asuntos tienen relación con este hecho ilícito. Se dio con mayor intensidad a partir de 2007 y hemos visto una disminución en este 2016, producto de esta coordinación estrecha con el INE.
¿Existen focos rojos para la próxima elección?
—Tenemos 14 elecciones en puerta, no tenemos focos rojos o mapas de riesgo, solamente mapas de atención. El despliegue ministerial está pensado para abarcar grandes espacios de territorio nacional, vamos a ir a las delegaciones y subdelegaciones de la PGR en estas 14 entidades, por lo que tendremos 86 puntos con presencia de FEPADE el día de la jornada electoral. El despliegue ministerial iniciará el 2 de junio y terminará el 6 de junio. Hemos acordado con el INE que en cada consejo local y en algunos consejos distritales, sobre todo en Veracruz, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas, tendremos presencia de la FEPADE, a efecto de poder recibir las denuncias y, en su caso, cualquier tipo de queja que hagan los partidos políticos. Habrá en estos consejos presencia de las células de FEPADE para movilizarse de manera inmediata ante una denuncia.
El mapa de atención prioritaria
¿De cuánto personal estamos hablando y decía que no hay focos rojos, pero sí zonas de atención?
Insisto, no tenemos focos rojos, no tenemos mapas de riesgo, son mapas de atención prioritaria donde hemos tenido denuncias de manera recurrente o donde históricamente hemos tenido procesos complejos como Guerrero, Oaxaca y Chiapas en 2015. En estos espacios la FEPADE va a tener personal en las delegaciones y subdelegaciones de la PGR en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo. En las zonas de atención prioritaria tendremos patrullajes móviles para permitir la instalación de las casillas y en las instalaciones de los órganos electorales locales. Además, existe una orden de la titular de PGR, Arely Gómez, para que todo el personal se encuentre de guardia en los 14 estados donde habrá elecciones con el propósito de que puedan intervenir y apoyar ante cualquier denuncia. No quiero dar el dato numérico porque es importante mantener este elemento en sigilo, pero sí implica que toda la PGR estará atenta para prevenir posibles conductas ilícitas.
¿Cuántas denuncias tienen en estos estados?
—En Veracruz es donde tenemos el mayor número de denuncias. Estamos hablando de que se han presentado más de 250 denuncias, tenemos averiguaciones previas por turismo electoral, actas circunstanciadas por presión a los electores, compra de votos, condicionamiento de programas sociales y también tenemos carpetas de investigación por financiamiento ilícito de las campañas en todas sus modalidades.
En todos los casos la FEPADE está trabajando con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias. Nosotros no perseguimos partidos políticos, se persigue a la persona física que comete un ilícito. ¿Qué partidos políticos se encuentran involucrados en las denuncias? Todos los partidos políticos, tanto como denunciantes como los que son señalados. Esto es importante porque demuestra que los partidos y los ciudadanos han apostado por la vía institucional y la presentación de las denuncias correspondientes.
Hablaba de denuncias por financiamiento ilícito, ¿cuántas son y en qué estado?
Tenemos básicamente dos denuncias presentadas en Veracruz y otras dos registradas en Tamaulipas, ambas son públicas. La FEPADE tiene conocimiento de éstas, por lo que señala el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sobre las prohibiciones para el financiamiento de una campaña, incluyendo los recursos de procedencia ilícita y donde procede la nulidad de la elección.
La FEPADE tiene facultades para analizar estas denuncias en coordinación con el INE, pero si de la investigación se desprende algún elemento para acreditar otras modalidades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada se hará el desglose correspondiente para SEIDO y la FEPADE continuará con la investigación por el delito electoral. En este momento se recibieron las denuncias, no puedo dar más datos en virtud del sigilo que se obliga en una averiguación previa. Estos datos se hicieron públicos en esas entidades por los denunciantes, pero el objetivo es atender cualquier denuncia que se presente.
Se le acusó a usted de violar el sigilo de una investigación en el caso del ex subsecretario de Gobernación. ¿Cómo va esa esa investigación en su contra?
—Se presentó una denuncia, esto es del conocimiento público. Recientemente, el visitador de la PGR hizo público que yo había declarado como indiciado y que ya había comparecido ante él, no podría aportar nada más. Creo en el Estado de derecho, creo en la legalidad y consideró en que no incurrí en ningún acto que genere responsabilidad de mi parte.
