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La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis, propuso con rumbo a 2018 fortalecer los procedimientos en torno a la posibilidad de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, ya que para entonces se calcula que deberá verificarse el respaldo ciudadano de un millón de electores por cada abanderado.
Reconoció que a la luz de la experiencia de verificación de firmas de apoyo a independientes a diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) no tuvo tiempo para una revisión exhaustiva ni contó con elementos para ello.
“Partimos de la base que había una capacidad instalada de la autoridad nacional electoral de contar con lectores digitales de los datos de los ciudadanos”; sin embargo, eso no fue posible.
Si esto hubiera sido automatizado o que los aspirantes hubieran tenido un dispositivo para sacar fotografías de la credencial o con el teléfono y formar una base de datos, se hubiera facilitado la tarea, estimó.
Sólo a través de un mecanismo así hubiera sido posible la revisión exhaustiva de cada caso en tiempo y forma, dijo la magistrada Alanis.
Por eso planteó, “como ciudadana” que a la luz de la experiencia deberá —con rumbo a 2018— contemplarse algún mecanismo tecnológico para materializar el ejercicio pleno de este derecho (de los candidatos independientes) y que no se interrumpa por cuestiones técnicas materiales, de complejidad. La autoridades debemos de facilitar todo esto”, expuso.
En 2018, cada candidato independiente deberá contar con el respaldo ciudadano de cuando menos 1% de la lista nominal nacional, lo que equivale, a un millón de electores, tarea de verificación que deberá realizar el INE.
En el proceso de registro de candidatos independientes a diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el INE enfrentó problemáticas como falta de personal, de tiempo, sin copia de credenciales de elector para verificar datos mal capturados o erróneos, aunque las firmas que debía reunir cada uno apenas eran 73 mil 792.
Eso llevó al TEPJF a ordenar que se les concediera derecho de audiencia, pero tras éste hubo nuevas impugnaciones.
Ante la cercanía del proceso, el 5 de junio próximo, los magistrados decidieron ordenar el registro de 10 abanderados sin partido, sin tener la certeza de que las firmas de apoyo eran válidas y privilegiar así el derecho a participar políticamente.
En total, el INE recibió solicitudes de 38 aspirantes a candidatos independientes, que en conjunto presentaron 3 millones 426 mil 571 rúbricas.
Al revisar su validez, el INE detectó más de 800 mil inconsistencias, errores de captura, ciudadanos inscritos en otras entidades o personas fallecidas. Eso habla, reconoció la magistrada Alanis Figueroa, de la complejidad del proceso.
Consideró respetables las críticas que hicieron los consejeros electorales a la decisión del TEPJF de no hacer obligatoria la presentación de copias de credencial, y de otorgar registros con firmas irregulares.
Recordó que el requisito de pedir copias de credenciales de elector fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia SCJN, de ahí la decisión del Tribunal.
