Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
San Luis Potosí.— “¡Aquí se hace lo que yo diga! ¡Si no lo autorizo, usted no va a hacer nada!”, le dijo Rigoberto a Yolanda, quien vio en ella a una rival por el simple hecho de ser mujer.
En pleno siglo XXI, la violencia de género no ha podido ser superada y toca todas las esferas en las que una mujer puede desempeñar algún cargo público, pero el sexo opuesto se resiste a aceptar que ellas tienen las mismas capacidades, las mismas oportunidades y los mismos derechos.
Tras revisar su perfil, Yolanda Pedroza Reyes fue designada el 2 de octubre de 2014 por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí; siete meses después inició el calvario. Dos magistrados comenzaron a intimidarla para lograr su renuncia; sin embargo, el hostigamiento, la violencia laboral y la discriminación que vivió Yolanda por un año la hizo más fuerte.
Tras ser designados por el Senado, el magistrado Rigoberto Garza pidió a Yolanda Pedroza su voto para que fuera él el presidente de ese órgano. Ella le dio el voto de confianza y aceptó apoyarlo, pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta que la administración del tribunal estaba en peligro.
Pero Garza de Lira necesitaba un aliado y lo halló en el magistrado Óskar Kalixto Sánchez.
Consultado al respecto, Kalixto Sánchez asegura que en el fallo hay una precipitación, porque no se les escuchó como una parte involucrada.
Argumenta que la problemática se originó porque Pedroza Reyes quería ser presidenta del tribunal.
Pero la magistrada relata que “desde el inicio de nuestras funciones trataron de llevar el control del tribunal después de obtener mi voto para que fuera presidente. Comenzó a tomar determinaciones en los nombramientos, en el ejercicio del presupuesto en las que no se me tomó en cuenta”, explica Predroza Reyes.
No quería problemas, pero al ver que lo que hacía el magistrado Rigoberto Garza no implicaba el buen manejo de la administración del Tribunal Electoral ella pidió cuentas, lo que no fue bien visto por el presidente.
“Decidí conversar con el presidente para decirle mi punto de vista con algunas acciones que se estaban tomando que me parecían incorrectas, pero fue materia de discusión álgida en el sentido de que él era el presidente y él decidía. Hablé con mi otro compañero (Óskar Kalixto) y tampoco estuvo de acuerdo con mis argumentos; fue cuando los dos hicieron una mancuerna y me dejaron de lado”, comenta.
Los nombramientos, los periodos vacacionales, contratos, licitaciones, todo lo determinaba el presidente sin consulta, por lo que la magistrada decidió actuar, porque vio que algo andaba mal. “Se molestaron porque les hice ver que podían incurrir en una responsabilidad administrativa con los gastos, licitaciones y compras si no se hacía con la anuencia de todos; no checaban una lista de proveedores”.
No iba a permitir que un magistrado, por ser presidente, hiciera mal uso de sus atribuciones y Yolanda presentó oficios ante el pleno para pedir que se sesionara y le dieran cuentas de los bienes materiales del tribunal, nombramientos, vacaciones y finanzas.
“Detecté que se ponía en riesgo en la administración del tribunal. Hay una sicosis entre el personal porque se sienten amenazados de que sean despedidos y todo eso deteriora el trabajo del tribunal. Para los magistrados fue como declararles la guerra”, menciona la magistrada en su oficina.
A raíz de eso comenzó el hostigamiento de una forma agresiva. La magistrada, desde mayo del año pasado, fue la piedra en el zapato del presidente de dicho órgano por pedirle cuentas. De llamadas de atención frente a todo el personal, la violencia llegó hasta intervenir su computadora y dejarla encerrada en su oficina.
Fueron presiones, abusos y faltas de respeto que llevaron a la magistrada a pensar en renunciar a un cargo que el Senado le había encomendado, fueron intimidaciones para no exigir cuentas sobre su ejercicio.
En una reunión en la que estuvo todo el personal del tribunal, recuerda la magistrada Yolanda cómo se digirió el presidente Rigoberto Garza hacia ella: “¡Aquí no se va a hacer lo que usted diga, yo soy el presidente! ¡Si yo no autorizo, usted aquí no va a hacer nada, porque usted no manda!”. Fue cuando ella vio que estaba en peligro su posición como magistrada frente a sus pares.
Ante la negativa de firmar documentos en los que no se le había tomado parecer, la magistrada fue amenazada con que si no firmaba sería una magistrada supernumeraria, secretaria del magistrado Óskar Kalixto, quien tomaría su lugar.
“Yo le dije que no iba a firmar ningún documento en el que no se me había pedido mi anuencia. ¿Por qué voy a autorizar algo que desconozco? Desde ahí fue violentada mi condición como magistrada, como mujer, mis derechos laborales. Fue una violencia sicológica. Ya no quería venir a trabajar y pensé seriamente en presentar mi renuncia”, cuenta.
En un periodo de vacaciones, desde su casa la magistrada Yolanda Pedroza decidió no más violencia y poner un alto. Presentó un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El 30 de marzo de 2016, la Sala Superior del Tribunal acreditó violencia laboral y hostigamiento por parte de los magistrados Rigoberto Garza y Óskar Kalixto. Se trata de la primera resolución por violencia política de género. “Es un precedente importante para muchas mujeres que ocupamos encargos de alto nivel o de otra categoría; tenemos nuestro derecho a defender nuestro trabajo y que sea estimado en la misma medida que el de los hombres”, señala.
Pero la lucha no termina ahí. Pedroza Reyes presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), que inició una carpeta de investigación y se encuentra en la fase de integración de pruebas.
“Me voy a mantener firme. Faltan otras batallas que sortear, hace falta legislar sobre la violencia política. Existen algunas lagunas legales y ahora está en el Senado la Ley de Violencia Política en revisión, pero deber ser aprobada. Sí hay violencia política en contra de las mujeres. Se deben castigar ese tipo de conductas”, señala.
Ahora espera que se haga justicia y que tanto la FEPADE como el Senado determinen la sanción; sin embargo, advierte, la conducta está acreditada y el castigo no podría quedar en una llamada de atención, puesto que “una sanción verbal sería ridícula”.
“Espero que sea una sanción perceptible ante los ojos de las mujeres como acorde a la conducta que tomó [el presidente del tribunal] y que se deje un precedente que esto no puede seguir sucediendo. En el tribunal hay misóginos y así no se puede trabajar”, enfatiza la magistrada .
Se precipitaron. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se precipitó al acreditar violencia laboral y discriminación contra la magistrada Yolanda Pedroza Reyes del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, dijo el magistrado Óskar Kalixto Sánchez, uno de los involucrados en el asuntno.
Entrevistado para conocer su opinión, Kalixto Sánchez dijo que la Sala Superior no le dio el derecho a defenderse y que la problemática se originó porque Pedroza Reyes quería ser presidenta del Tribunal Electoral de San Luis. Se intentó buscar al presidente del tribunal, Rigoberto Garza de Lira, pero no fue posible contactarlo.
“A mí se me incluyó en una resolución que la demanda no estaba enderezada en mi contra y no se me dio la oportunidad de defensa. Intenté comparecer en ese procedimiento y la Sala Superior me negó todo el derecho de defensa”, comentó.
Al preguntarle si él vio que la magistrada haya sido víctima de violencia de género, como ella asegura, afirma: “No, en lo absoluto. Ella señala que nunca se le invitó a las sesiones cuando siempre participó y están las constancias y las resoluciones por ella. Pienso que la Sala Superior se precipitó en dar una resolución sin contar con los elementos suficientes y sin dar oportunidad de defenderme de las acusaciones”.
Se le insistió en que ella dice que no que no le daban acceso a la información del tribunal. “Lo podemos analizar paso por paso. Yo voy a interponer ciertos medios jurídicos. Para mí fue un descredito, una mancha a mi reputación y a mi prestigio”, señala Óskar Kalixto.
