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La Secretaría de la Función Pública (SFP) migra desde hoy su lucha anticorrupción del papel a la era digital. Las denuncias ciudadanas hasta anoche eran prácticamente sólo en papel, tardaban hasta cuatro semanas para ser registradas y de seis meses a tres años en dar resultados. Muchas de las 20 mil quejas que llegan anualmente no eran ratificadas y se perdían.
Hoy se podrá denunciar cobro de dádivas, trato discriminatorio o abusos pero vía internet. La queja será registrada en 24 horas y la resolución podrá tenerse máximo en seis meses.
Con el objetivo de reducir tiempos y costos, la Secretaría de la Función Pública publica hoy a la par en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Sistema Integral de Quejas y Denuncias.
De la mano de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, el modelo fue ideado y puesto en marcha por técnicos y expertos de la propia dependencia, sin costo alguno al erario público.
La plataforma, como toda era digital y como todo tramite en esa vía, reduce el contacto entre personas y todo se podrá verificar en el sistema.
Junto con otros proyectos, se tiene la intención de que en la medida en que se digitalicen los procesos, se reduzca la corrupción.
El sistema también tendrá “blindaje” para evitar la infiltración de hackers y que la información caiga en manos de denunciados.
En este sistema el ciudadano podrá ingresar a través de internet o bien vía telefónica, a través de un centro de atención.
En ambos casos funcionará las 24 horas del día los 365 días del año, y de manera remota se podrá presentar la queja o denuncia, es decir, desde cualquier parte se podrá hacer. Simplemente se requerirá un instrumento informático conectado a internet.
A principios del sexenio de Felipe Calderón, en 2007, EL UNIVERSAL dio a conocer una lista que integraban las 10 instituciones de gobierno con mayor riesgo de corrupción.
Aduanas, IMSS, ISSSTE, PGR, Luz y Fuerza del Centro, SCT, Registro de Títulos y Cédulas de la SEP, la Policía Federal Preventiva —hoy Policía Federal—, la Conagua y la CFE integraban esa lista.
Hoy, con el nuevo Sistema Integral de Quejas y Denuncias, en este listado se podrán actualizar casi en tiempo real las dependencias que tienen más acusaciones, quejas o denuncias por irregularidades en su operación.
La Secretaría de la Función Pública es la dependencia que vigila el manejo de recursos y el desempeño de la burocracia federales.
No es poco lo que tiene que revisar: 246 dependencias de la administración pública federal —secretarías de Estado y dependencias como Pemex, IMSS o ISSSTE— y un gasto total anual de más de 3 billones de pesos.
Aunque la SFP no camina sola. La Auditoria Superior de la Federación le acompaña.
Hoy, la SFP busca dar el salto a la era digital, acelerar los tiempos para las denuncias ciudadanas y generar mecanismos para saber en tiempo real en qué dependencias hay más denuncias y el destino de las quejas.
Adjuntar pruebas
De acuerdo con el nuevo sistema digital , las denuncias que antes se hacían en papel se podrán hacer ahora vía internet; el usuario tendrá que llenar un formato y adjuntar elementos para robustecer su queja.
Con el nuevo sistema, de igual forma se tendrá la opción para adjuntar fotos, videos y documentos que permitan al usuario dar más detalles sobre lo sucedido.
La intención de lanzar esta nueva herrramienta es que las denuncias aumenten, así como la confianza de los ciudadanos.
Recuperaciones
En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la SFP apenas pudo recuperar 25.2 millones de pesos en multas a servidores públicos a quienes acusó de corrupción, lo que representó apenas 0.33% de las sanciones que intentó imponer tan sólo en 2011, que fue auditado por la ASF.
Uno de los sucesos emblemáticos del calderonismo fue el del ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, a quien acusó en 2007 de quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos, monto a pagar en 50% por Muñoz Leos y la otra mitad por el ex abogado de Pemex, Juan Carlos Soriano. Sin embargo, ambos derrotaron a la Función Pública.
La Auditoría también corroboró la falta de comunicación entre la SFP y el SAT para dar seguimiento a los casos. Detectó uno en el que hubo 602 días naturales de inactividad, entre el 7 de julio de 2005 y el 1 de marzo de 2007, e incluso al 31 de diciembre de 2011 el crédito seguía sin cobrarse y con escasas posibilidades de integrarlo al erario por estar sin localizar el deudor.
El gobierno federal cuenta con un millón 800 mil empleados. En 2014 la SFP reportó que de las mil 664 sanciones aplicadas a servidores públicos, 76 (4.6%) fueron amonestaciones, seis (0.4%) sanciones económicas, 28 (1.7%) sanciones administrativas, 98 (5.9%) suspensiones, mil 451 (87.2%) separaciones y cinco (0.3) inhabilitaciones.
De la renovación moral a la era digital
La labor auditora del gobierno federal nació con el gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988). Principalmente por la imagen corrupta del gobierno es que creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), como parte de lo que llamó “renovación moral”.
En una maniobra para hacer ver que quería hacer ahorros ante la crisis económica mundial, Calderón propuso desaparecer a la SFP en 2009. El PRI lo rechazó.
A su llegada a la Presidencia de la República en el año 2000, Vicente Fox vendió no sólo la idea del “cambio”, sino que planteó la idea de un “zar anticorrupción”. Encomendó esa tarea a Francisco Barrio Terrazas, de los llamados “bárbaros del norte”, ex gobernador de Chihuahua, quien dijo que iba “por peces gordos”.
El caso más importante del sexenio foxista fue el desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del PRI en el 2000, en el cual hasta hoy no tiene detenidos, tan sólo el PRI pagó una multa millonaria al IFE por este motivo. En 2003, Barrio Terrazas se fue como diputado federal y dejó a su paisano Eduardo Romero Ramos a cargo, sin que volviera a surgir casi ningún caso relevante.
La SFP estuvo a cargo de Germán Martínez al inicio del gobierno de Calderón. Pero sólo duró un año, para ir en pos de la presidencia del PAN. Le relevó Salvador Vega.
