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pedro.villaycana@eluniversal.com.mx
El mal uso del padrón electoral ha sido un hecho recurrente en los últimos años. En la venta, difusión y empleo indebido de información de millones de personas contenidas en esta base de datos ha estado involucrado el crimen organizado, empresas e incluso partidos políticos.
De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, en mayo de 2003 se reveló que la empresa Choice Point vendió al gobierno de Estados Unidos bases de datos de uso exclusivo del Estado mexicano, desde 2011. A partir de ese momento se hicieron investigaciones que permitieron conocer que en 2001 la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos vendió en 335 mil dólares a Choice Point la base de datos del padrón electoral del entonces Instituto Federal Electoral.
Esta base de datos incluía información de 58 millones de votantes mexicanos. El IFE denunció a los implicados en la venta bajo los supuestos de revelación de secreto, delitos de carácter electoral y de traición a la patria.
A raíz de esa demanda, en enero de 2004 los cuatro inculpados por la venta del padrón obtuvieron el beneficio de la libertad mediante el pago de una fianza, luego de que un juez federal les concedió la suspensión contra la orden de aprehensión girada en su contra.
Haces seis años, el 19 de abril de 2010, EL UNIVERSAL dio a conocer que la base de datos del padrón de electoral, información de corporaciones policiacas, así como el registro vehicular y de licencias estaba en venta por 12 mil dólares en el barrio de Tepito. En la investigación se comprobó que en tres memorias con capacidad de 160 gigabytes, el comprador podía obtener esos datos.
El 14 de mayo de ese año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigó la vinculación de ex servidores de Zacatecas con la venta del padrón electoral, tras la detención de Carlos Alberto Luna Ayala, quien poseía las bases de datos del IFE que comercializaba por internet.
El 16 de febrero de este año, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 76 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) por negligencia en el resguardo del padrón, mismo que llevó a la pérdida de información de millones de mexicanos y su difusión en internet.
