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La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, la cual fue instalada después de 13 años de no sesionar, analizará más de 300 casos pendientes.
Los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), y de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), coincidieron en que los análisis de los juicios políticos se realizarán sin tintes partidistas ni electorales, y sin frenar ningún caso específico.
El criterio para la revisión de los juicios se realizará en el orden cronológico en que se presentaron las solicitudes y no por la importancia, explicó Guillén Vicente. Sin embargo, hay casos acumulados desde 2003, aunque se desecharán aquellos en los que la persona impugnada no sea funcionario público.
De las últimas solicitudes de juicio político destacan, contra los gobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Gabino Cué, de Oaxaca, así como el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, los consejeros del INE y el candidato veracruzano Miguel Ángel Yunes (PAN-PRD).
“A la brevedad posible se pedirán todos los expedientes que en la materia tiene la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para establecer el orden” respectivo, añadió.
La legisladora aclaró que los 14 integrantes de la Subcomisión de Examen Previo “no son un órgano de acusación. No hay una sentencia que se emita por parte de la subcomisión. Será, en todo caso, el pleno de la Cámara de Diputados el órgano de acusación, después de pasar por un proceso largo de alegatos”.
Del pleno de la Cámara Baja, agregó, la demanda de juicio político pasaría al Senado, “para que constituida ésta en jurado de sentencia, pueda, en su caso, enviar el juicio a la autoridad correspondiente”, a fin de que se aplique la sanción respectiva.
La presidenta de la Comisión de Gobernación comentó que se está “ante un proceso muy complicado, después de que durante [los últimos] 13 años no ha sesionado la Subcomisión” de Examen Previo y permanecen pendientes alrededor de 300 solicitudes.
La Subcomisión quedó integrada por seis diputados del PRI; tres del PAN; dos del PRD y un legislador por el PVEM, Morena y MC, respectivamente.
El politólogo y maestro en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana, José Antonio Crespo, señaló en entrevista por separado que el fuero constitucional era anteriormente para proteger de opiniones no de delitos, a fin de evitar una persecución en contra de quien pensara diferente al gobernante en turno, por lo que el hecho de tener que desaforar a alguien por un delito es una aberración.
“En automático, la ley tendría que capturar a una persona si hay los elementos legales en donde se incurrió en un delito, y el Congreso no tendría por qué decir sí o no al desafuero. Lo cierto es que en las pocas veces que se ha aplicado ha sido por cuestiones políticas”, anotó el politólogo.
