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El coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, destacó la necesidad de crear leyes anticorrupción que ofrezcan protecciones legales y recompensas para aquellos que informen sobre actos fraudulentos, sin importar si se llevan a cabo en al ámbito público o privado.
Agregó que es urgente poner al alcance de cualquier persona la posibilidad de interponer una demanda por alguna pérdida que haya sufrido el erario público, sea por fraude, cohecho, peculado, robo u otro delito.
“No podemos permitir que México se siga hundiendo en el mar de la impunidad, ocupamos el lugar 42 de 102 en el Índice de Gobierno Abierto 2015, teniendo su peor calificación en materia de publicidad de las leyes, información gubernamental y participación social, por ello el PAN impulsará un Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”, dijo.
Cortés Mendoza señaló que deberán ser contempladas en la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción: la regulación clara y transparente, normas accesibles, registro de detenidos, base de datos de personas desaparecidas, padrón abierto de beneficiarios de los programas sociales, compras abiertas y transparentes, gasto abierto en obra pública, impuestos abiertos Política de datos abiertos y un Fondo Nacional para la atención de los desastres naturales, también transparente.
Añadió que esta semana las distintas fuerzas políticas deberán dar muestras de apertura y voluntad para fortalecer la transparencia y crear un sólido Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de demostrar que son parte de la prioridad nacional.
“Coincidimos con voces de la sociedad civil que nos reclaman dejar establecido una tipología de ‘delitos de corrupción’ con sanciones claras; instaurar sistemas anticorrupción locales y homologar la legislación en la materia, así como capacitar y especializar a Ministerios Públicos”, precisó.
Existen en el país instituciones. dijo, en las que prevalece la corrupción y la impunidad, dificultando que exista una administración pública profesional, eficiente y perdurable, pues según un estudio de la Universidad de las Américas, México ocupa el segundo lugar en impunidad en el mundo, donde 95% de las denuncias de la ASF contra funcionarios que han desviado recursos no han prosperado y menos de 5% de los funcionarios acusados de corrupción pisan la cárcel.
